“(Humberto Roggero) Se dirigió a su escritorio, abrió un mueble que está detrás del mismo, extrajo un sobre blanco y quiso entregármelo, comentándome que tenía la suma de mil pesos, que se iba a abonar mensualmente a los diputados del bloque con el objeto de satisfacer la demanda que tenían varios diputados.” Así describió el legislador Gerardo Conte Grand cómo Roggero, que era presidente de su bancada, le propuso pagarle un sobresueldo en junio de 2002. En base a este y otros seis testimonios de diputados kirchneristas, la Cámara Federal reactivó ayer una investigación judicial. Los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani consideraron probado el delito de “ofrecimiento de dádivas” y ordenaron al magistrado Claudio Bonadío –que había cerrado el expediente– que cite a declaración indagatoria a los imputados. Además de Roggero, están involucrados los diputados Juan Manuel Urtubey y Guillermo Amstutz y el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño.
“En el mes de abril de 2002 en una reunión del bloque del PJ en el despacho del presidente del bloque, a la que asistieron unos 20 o 40 diputados, Roggero dijo, en voz baja, que a partir del mes siguiente se daría una suma extra de dos mil pesos. Puso énfasis en que la cuestión debía ser confidencial y sobre todo que no se enterara la prensa”, aseguró el diputado santacruceño Dante Canevarolo al declarar por escrito ante Bonadío. Como él, otros integrantes del Grupo Talcahuano, que responde al presidente Néstor Kirchner, detallaron cómo se enteraron que había “plata extra” para los diputados peronistas.
Ricardo Falú aseguró que en mayo de 2002, mientras caminaba por el pasillo del Congreso, se le acercó Urtubey y le dio un sobre blanco, rectangular, tipo carta que le mandaba Roggero. “Al abrirlo, suponiendo que era una nota, observé dinero en su interior y se lo devolví. Eran billetes de cien, estimo que alrededor de quince o veinte. No lo sé porque no los conté. No los toqué siquiera. Luego, en una sesión Urtubey me dijo que se había equivocado al hacer la gestión y que desconocía que en el sobre había dinero”, agregó.
El relato de Sergio Acevedo –que incluyó una conversación con Ro- ggero en la sala donde el presidente del bloque se hacía los “masajes kinesiológicos” para la recuperación de su accidente automovilístico– agregó que el titular de la bancada le dijo que la plata provenía de “economías presupuestarias de la Cámara”. El mendocino Arturo Lafalla habría hablado del tema con su colega Guillermo Amstutz, quien, en un principio, se habría opuesto a recibir sobresueldos pero luego habría “variado su criterio porque los ‘muchachos’ insistían en la necesidad de incrementar sus ingresos”. Amstutz habría asegurado que “lo distribuiría entre gente que lo necesitara y guardaría el correspondiente recibo”.
Camaño también declaró en esta causa. Se limitó a asegurar que desconocía el hecho y que no sabía “de ningún tipo de ofrecimiento de dinero en concepto de remuneración complementaria”.
A pesar de todos estos testimonios, Bonadío archivó el expediente, que se inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. Ante la apelación del fiscal Paulo Starc, la Cámara ordenó reactivarlo y señaló que “sobran elementos para continuar con el proceso”. Es más, Cavallo y Vigliani sostuvieron que “la contundencia con la que todos los declarantes describieron el ofrecimiento irregular de dinero no deja el más mínimo resquicio para dudar acerca de su existencia material”.
Los camaristas evaluaron imputar “omisión de denuncia” a los diputados que testimoniaron, ya que, a pesar de que hablaron públicamente del hecho, ninguno hizo una presentación judicial. La medida fue descartada porque los legisladores se dirigieron por escrito, en su momento, tanto al presidente del bloque como al de la Cámara para pedir una investigación.
Por ahora la pesquisa es por “ofrecimiento de dádiva”, que se reprime con una pena de entre un mes y un año de prisión. Para que ese delito sea consumado no es necesario que la “dádiva” haya sido aceptada.
Cavallo y Vigliani agregaron que “el juez debe investigar el origen de los fondos que se ofrecieron, ya que de allí podría surgir la existencia de delitos más graves como administración infiel o peculado”. También manifestaron que se deberá determinar quiénes recibieron sobresueldos, ya que nada hace presumir que la oferta se limitó a los miembros del Grupo Talcahuano. Los fueros de los legisladores no impiden que Bonadío los indague pero, si la causa avanza, los miembros del Congreso deberán tomar una decisión sobre la inmunidad de los involucrados.