Cuatro de las ocho leyes que integran el paquete de seguridad elaborado por el ministro bonaerense León Arslanian fueron aprobadas por la Legislatura de la provincia. La creación de la Policía Buenos Aires 2, el reescalafonamiento del personal policial, la confección de un Registro de Detenidos y la elaboración de una base de datos sobre el crimen organizado en la provincia ya forman parte de la legislación bonaerense. Ahora, queda pendiente para la semana próxima el tratamiento de otros cuatro proyectos.
La votación de los diputados bonaerenses, que se produjo en la madrugada de ayer, contó con el aval del justicialismo, aunque votaron en contra la UCR –tal como ocurrió el jueves último en el Senado–, el ARI, la Izquierda Unida, el socialismo, el Paufe –el partido de Luis Patti– y el Repobo de Aldo Rico. Los peronistas, que cuentan con mayoría simple, recibieron el apoyo de los legisladores kirchneristas Rodolfo Casals (ex Frepaso) y el dirigente piquetero Luis D’Elía.
Los proyectos que quedan pendientes de aprobar para la semana próxima son la creación de la policía municipal para distritos de menos de 70 mil habitantes, el funcionamiento y facultades de los foros, la ley de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la policía y la creación del Instituto de Servicios Sociales, Policiales y Penitenciarios.
La ley establece que la Policía Buenos Aires 2 es una “nueva fuerza” que pasará a integrar el sistema provincial de seguridad pública en el primer cordón del conurbano bonaerense. La norma indica que esta fuerza será “de carácter profesional y apta para actuar en conjunto con las demás policías de la provincia y con las fuerzas federales de seguridad”. Tendrá un jefe diferente al de la Policía Bonaerense, de acuerdo con lo establecido en la norma. Además, se dispone que cumpla exclusivamente tareas de “prevención y represión del delito”, por lo que le está vedado realizar tareas de custodia de objetivos fijos y personas y albergar detenidos en sus dependencias.
El reescalafonamiento único en la fuerza de seguridad, otra de las leyes aprobadas, reduce de 17 a 9 los actuales grados y jerarquías, eliminando las divisiones entre suboficiales y oficiales. Mediante otro de los proyectos aprobados se modificó la ley 12.155, permitiendo la creación de un banco de datos para combatir al crimen organizado, cuya información no deberá ser secreta, como lo proponía Arslanian. Además, se creó la Dirección General de Evaluación Criminal para la realización de trabajos preventivos, una repartición única para el traslado de detenidos y custodias de objetivos fijos o personas. Y también se aprobó la creación de la Auditoría General de Asuntos Internos para “investigar, identificar y sancionar faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la institución y a sus integrantes”.