Desentrañar la maraña burocrática del Pami es toda una hazaña. Tal vez por los intereses internos y externos que rodean a una de las obras sociales más grandes de Sudamérica, entender cómo funciona ya es bastante complejo. El instituto se reparte la atención de todos los jubilados dividiendo en zonas –las Unidades de Gestión Local (UGL)– que cubren todo el territorio del país. Cada UGL tiene a su cargo varias “gerenciadoras” de servicios, que son las que se encargan de contratar a los médicos de cabecera y las clínicas que atienden a los afiliados. Este sistema descentralizado cobró su mejor forma durante la gestión de Víctor Alderete. La nueva gestión de Ocaña considera que esa descentralización es, justamente, lo que facilita la corrupción.
Los médicos y las clínicas que tratan a los jubilados cobran por mes cierta cantidad de “cápitas” –así se llama a un monto fijo que paga el Pami por atender cada paciente–. Esa suma es de 21,80 pesos por afiliado. Cada profesional y cada sanatorio que trabaja con el Pami recibe una cierta cantidad de “cápitas” por mes. Con ese método se evita que la obra social pague por servicios que no se cumplieron. Pero el problema es que si no se controla a las clínicas y a los médicos, éstos pueden atender a menos afiliados de los que deben tratar por mes: es decir, si una clínica recibe 30 “cápitas” por mes debería atender a 30 jubilados. Pero eso no sucede en todos los casos, porque las “gerenciadoras” tienen acuerdos poco claros o porque los encargados de controlar tampoco controlan.
En el caso de la delegación San Martín, existen cinco “gerenciadoras” –o UGP– que distribuyen el trabajo entre médicos y sanatorios. En muchos casos, se trata de uniones transitorias de empresas (UTE) en las que están representados los municipios o, en un caso, los hospitales provinciales. Las cinco “gerenciadoras” de San Martín son: la UGP San Martín, la UGP 2001, la UGP San Isidro, la UGP Vicente López y la Cisbo, que agrupa a los hospitales públicos de la provincia que están en la zona. En los niveles más altos de la intervención del Pami, admiten que cada “gerenciadora” obtiene un 20 o 30 por ciento del presupuesto que envía el Pami para pagar “cápitas”. Esa tercerización es parte de lo que Ocaña se propone cambiar. El desembarco de Urien y compañía en San Martín es, justamente, “un plan piloto” para demostrar que el cambio es posible.
Que se haya elegido San Martín no es una casualidad, ni mucho menos. Las autoridades del Pami saben que ese distrito está asociado, desde hace muchos años, a Luis Barrionuevo y su esposa Graciela Camaño. Los propios vecinos de San Martín aseguran que el matrimonio tiene negocios en el área de salud asociados al influyente ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín, el “Coti” Enrique Nosiglia. Esa información no fue pasada por alto desde que asumió Ocaña. Tampoco por muchos funcionarios de alto rango del Pami que aconsejaron a Urien y compañía que solicitaran seguridad adicional para andar por la calle y en sus domicilios. El temor anida hasta dentro mismo del edificio de Diagonal Sur y Perú.
La tercerización también incluye algo tan imprescindible para una obra social de jubilados como las ambulancias. Ese servicio no depende de cada delegación del Pami sino del “nivel central”, como se llama a la sede principal ubicada frente a la Legislatura porteña. Pero como el Pami no tiene una flota abundante de ambulancias –a partir de la gestión de Alderete se prefirió contratar a empresas privadas–, en cada delegación hay una “gerenciadora” que se encarga de la “atención domiciliaria”. En San Martín es una UTE que se llama Cruz Alsina y que tiene sumarios por retrasos de “dos o tres horas” en la atención de jubilados. Pero eso es poco si se compara con ciertos mitos que recorren el conurbano: como el que las ambulancias del Pami son usadas para traficar cocaína.