Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Si bien la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, quien investiga las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Tercer Cuerpo de Ejército, no adelantó los pasos a seguir, trascendió que el lunes citaría a declarar al teniente coronel Bruno Laborda, quien en los años ’70 participó en la represión ilegal desde el Batallón 141 de Inteligencia, que funcionaba en Córdoba. En este sentido, la fiscal Graciela López de Filoñuk y los abogados querellantes solicitarán que el militar sea trasladado a esta ciudad, debido a que ocupó un lugar importante en la denominada “comunidad de inteligencia de la dictadura”, organismo que bajo otro nombre siguió funcionando en tiempos de democracia y que hoy se investiga en la causa “espionaje”.
“Debería ocurrir que la jueza Garzón de Lascano llame a declarar al teniendo coronel Bruno Laborda, por su participación en lo que fue la central de inteligencia de la dictadura, el ex Batallón 141 que funcionaba en el Parque Sarmiento de esta ciudad. Además, tendría que fijar una audiencia y citar a las partes que investigan las causas por violaciones de derechos humanos cometidas bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército”, señaló a Página/12 Rubén Arroyo, el abogado que tramita las causas ocurridas en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de San Martín.
Lo mismo sostuvieron Martín Fresneda y María Elba Martínez (ambos querellantes en las causas que investiga Garzón de Lascano) y la fiscal López de Filoñuk, quien también solicitaría el traslado del militar.
Aunque Laborda no es uno de los militares reconocidos por los organismos de derechos humanos, su participación en lo que se denominó “la comunidad de inteligencia” (que reunía a la Policía Federal, Gendarmería y Fuerzas Armadas) hace que sea una pieza clave en las causas que se tramitan en los tribunales federales de Córdoba. “El juzgado competente para que declare este hombre es el de Garzón de Lascano, quien debería iniciar la investigación instructiva del caso”, apuntó Fresneda. En fuentes militares locales, se sostiene que Laborda estaría hoy “protegido” por las leyes de obediencia debida y punto final, que la jueza Garzón de Lascano declaró constitucionales en marzo del año pasado.
El Batallón 141 de Inteligencia siguió funcionando en democracia bajo el nombre de Central de Reunión de Información (CRI) y recibía órdenes del jefe de inteligencia del Ejército, el general Jorge Miná, uno de los “comensales” de la cena que reunió hace pocas semanas en el Regimiento Patricios a hombres de las Fuerzas Armadas –retirados y en actividad– y operadores políticos de la comunidad de inteligencia.