La Cámara de Casación logró inmovilizar parte del expediente en el que se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Pero la causa no se paralizó totalmente. La semana pasada el juez federal Sergio Torres amplió los procesamientos de los represores Juan Antonio Azic y Héctor Antonio Febres.
Azic había sido procesado por la Cámara Federal en 1987 por su participación en tres casos de tormentos y por ellos volvió a quedar detenido después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En la resolución, el tribunal había tenido por acreditado que “el ayudante principal Juan Antonio Azic se desempeñó como integrante de la Unidad de Tareas 332 dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, encargado de realizar tareas ofensivas encubiertas en la lucha contra la subversión”.
Torres amplió ahora el procesamiento de Azic, conocido también como “Piraña”, por la privación ilegal de la libertad y las torturas que padeció Enrique Fukman, quien reconoció al prefecto como uno de los represores de la ESMA. El juez también sumó acusaciones contra otro integrante de esa fuerza: Héctor Antonio Febres. Este último había cumplido prisión preventiva rigurosa por seis secuestros de detenidos que fueron llevados a la ESMA y por esos volvió a prisión. Torres amplió su procesamiento a cinco casos más, los de Carlos Alberto García, Alfredo Julio Magari, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Lordkipanidse y Raimundo Villaflor.
El magistrado recordó que en una declaración que hizo en 1986, Febres “reconoció haber integrado el grupo de tareas con asiento en la ESMA entre 1977 y mediados de 1979”. Allí dijo que su destino específico era “el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval y que cumplía funciones como oficial de enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA”. Admitió además haber participado “con alguna frecuencia” en secuestros “cuando surgía la necesidad de llevar gente ante operativos de envergadura”.
Tanto Febres como Azic estaban en condiciones de ser sometidos a juicio oral por los delitos por los que estaban procesados antes de la sanción de las leyes de impunidad. Pero la Cámara de Casación paralizó ese trámite al hacer lugar a un recurso de queja presentado por el represor Raúl Enrique Scheller. Torres continúa investigando el resto de los crímenes y además debe responder el pedido de inconstitucionalidad de los indultos que hicieron los organismos de derechos humanos y que fue respaldado por el fiscal Eduardo Taiano.