Por Rodolfo Yanzón

Quienes ejercemos la actividad en el fuero penal sabemos que, como regla general, los jueces se desentienden de la situación de las personas privadas de libertad con el argumento de que es el Poder Ejecutivo, a través del Servicio Penitenciario, la autoridad competente. Así han desconocido innumerables violaciones a los derechos de los internos, como maltratos sistemáticos, falta de atención médica, condiciones denigrantes de alojamiento, entre tantas otras. Además, esas personas privadas de libertad padecen la corrupción cotidiana de los agentes estatales. Se debe pagar por una visita, por un mejor alojamiento, por droga, por sexo, por un traslado y hasta por determinadas calificaciones para progresar en el régimen. A ello se agrega que se trata de una institución militarizada que tiene como principal finalidad el control y la seguridad y no la resocialización de los internos. Basta ver los informes oficiales del procurador penitenciario para corroborarlo. Quiero decir, un penitenciario mata de un disparo a quien pretende escapar, pero ningún funcionario vela para que cese la denigración humana dentro de las cárceles. La situación del sistema carcelario es uno de los temas más acuciantes desde hace muchos años. Varios son los responsables pero, fundamentalmente, los jueces que dejan hacer y que se limitan a leer un expediente olvidándose de las personas.
Esta situación es la que, justamente, el Dr. Sergio Delgado, juez de ejecución penal, ha tenido en cuenta en muchos de sus dictámenes, para que ese poder arbitrario no impida ni obstaculice que los internos puedan acceder a los beneficios que la ley les reconoce; quitándole poder a quienes, en su profesión de cierra candados, fueron puestos, de pura arbitrariedad y costumbre, a opinar sobre las personas que, según su grisáceo entender, están habilitadas para esos beneficios.
Delgado está siendo atacado por periodistas y medios de comunicación, eternos devotos del Estado chico, para debatir en términos macroeconómicos y, sobredimensionado, cuando de castigar a pobres se trata. Su punta de lanza es el fiscal Oscar Hermelo, un señor de tinta oscura que prestó servicios en la ESMA, en plena faena del centro clandestino de detención. Más allá de aciertos y errores de Sergio Delgado, estamos asistiendo a un espectáculo deplorable: quienes nada dijeron y hasta colaboraron con la máquina terrorista que imperó hasta 1983, hoy se rasgan las vestiduras porque un juez trata de ver lo que sucede dentro del mundo carcelario, bastante nauseabundo por cierto.
Claro, si la excusa de Oscar Hermelo para justificar su paso por la ESMA es que no vio nada de lo que allí se cometía, ¿qué puede ver entonces, como fiscal, de lo que sucede en las mazmorras argentinas?

* Abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ex coordinador de la Comisión de Cárceles del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.