En junio de 2000, el abogado que la empleada del juzgado de Miralles llama Fainbloch fue denunciado por extorsión, en un episodio que provocó la renuncia del juez federal Ricardo Ferrer Balbín. El abogado y director de Torneos y Competencias (TyC), Javier Ordóñez, denunció que el juez Ferrer le pidió medio millón de dólares para fallar en favor de la empresa por pedido del abogado Luis Faynbloch, quien también solicitó para sí mismo un “abono mensual” de 7000 dólares. Ordóñez dijo que “Faynbloch me fue impuesto por ciertas personas”, pero se negó a identificarlas. TyC había comprado en 15 millones de dólares los derechos de televisación de los partidos de la selección argentina de fútbol y los había revendido a dos señales de televisión por cable, de modo que sólo sus abonados podrían verlos. Un organismo de defensa de los consumidores reclamaba que la televisación se hiciera en directo y en forma gratuita.
Faynbloch hizo el pedido de dinero en nombre del juez. TyC contrató a un estudio de detectives, que le colocó una cámara de video en la manga del saco. Luego de protocolizar el acto ante un escribano grabó con esa cámara oculta cinco reuniones con el intermediario. A la última, en las oficinas de Faynbloch, también asistió Ferrer Balbín. La filmación incluyó la entrega de un adelanto de 10.000 pesos a Faynbloch. La empresa envió los videos al Consejo de la Magistratura, con una solicitud de juicio político contra el magistrado. Ferrer Balbín emitió un descargo lastimero. “Es un mensaje de los poderosos para toda la Justicia. De esta manera advierten con quiénes no debemos meternos”, dijo. Agregó que se trataba de “una charla informal entre colegas. Soy víctima de una canallada, orquestada para perjudicar mi imagen”. Pero de inmediato elevó su renuncia al entonces presidente Fernando de la Rúa (compañero de fórmula presidencial de su abuelo), quien la aceptó de inmediato, con lo cual se paralizó el proceso de destitución. La denuncia por extorsión fue a parar al juzgado federal de la Capital a cargo de Carlos Liporaci, quien también renunció ante la amenaza de juicio político, en este caso por enriquecimiento ilícito.