La Legislatura porteña intentará retomar mañana el tratamiento en particular del controvertido Código Contravencional, frustrado tras los incidentes del 16 de julio. Afuera habrá un fuerte operativo policial para prevenir incidentes. Adentro, los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y la oposición permitirían aprobar la primera parte del proyecto, unos cincuenta artículos que, si bien no definen cuáles son las contravenciones a sancionar, incluye capítulos polémicos como la imputabilidad y la reincidencia. Los diputados que proponen bajar la edad límite de punibilidad a los 16 años no tienen la mayoría necesaria para consagrar su pretensión, por lo que lo que se mantendría es el mínimo de 18 años, como hasta ahora. El concepto de reincidencia, en cambio, se mantendría, aunque atenuado: no se aplicaría el arresto automático a la cuarta falta, como propone el despacho de mayoría, sino un aumento de un tercio en la pena para el infractor a partir de la segunda falta, siempre que se trate de un mismo tipo de falta.
En coincidencia con el tratamiento de la ley, está prevista para mañana una movilización hacia la Legislatura de organizaciones piqueteras, de travestis, trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes, y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en protesta por la sanción del código. Las organizaciones se oponen a la norma –aprobada en general el 8 de julio–, que pretende castigar con más dureza la protesta callejera, la oferta de sexo en la vía pública y la venta ambulante, entre otras faltas. El ingreso al recinto no será fácil: está previsto que sólo podrán entrar 120 personas del público, dos invitados por cada diputado, según anunció el vicepresidente de la Legislatura, el macrista Santiago de Estrada.
“Habrá una fuerte presencia policial”, dijo ayer el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. “La propuesta de la ciudad, que es compartida por el gobierno nacional, es un esquema de fuerte prevención, como fue el jueves anterior”, agregó. Y aclaró que las fuerzas policiales “no usarán armas de fuego”.
El proyecto aprobado en general a principios de julio tiene 122 artículos. Mañana está previsto tratar los primeros cincuenta, que corresponden a las “disposiciones generales”, es decir, el marco reglamentario para aplicar la ley. El punto más conflictivo es el artículo 11, denominado “causales de inimputabilidad”, que baja la edad de punibilidad de los 18 actuales a los 16 años. Ese punto, propuesto por el macrismo, no tendría el consenso para alcanzar los 31 votos necesarios para que quede aprobado.
“Hubo diputados que cambiaron de opinión a partir de las expresiones del jefe de Gobierno, quien se manifestó fuertemente en contra de la baja de la edad de imputabilidad”, dijo a Página/12 la diputada kirchnerista Silvia La Ruffa, una de las que modificó su parecer. Es que las palabras de Ibarra, en ese momento, dejaron implícita la posibilidad de un veto parcial si la ley salía como quiere el macrismo.
Este es el punto que promete mayor discusión. Los negociadores impulsan una fórmula para conformar a unos y otros, que consiste en incluir una cláusula transitoria donde se aclare que deberá sancionarse un “régimen contravencional juvenil integral, que garantice la Convención de los Derechos del Niño”, según explicó a este diario el diputado macrista Helio Rebot. La fórmula no convence a los ibarristas, como la titular del bloque del Frente Grande, Laura Moresi, para quien “es inadmisible bajar la edad de imputabilidad y resolver las contravenciones mediante un sistema punitivo”.
Otro de los puntos conflictivos es el de la oferta y demanda de sexo en la vía pública (artículo 89). Si bien este punto se tratará dentro de dos semanas, cuando se debatan una por una las figuras a sancionar, hay quienes pretenden incluirlo en este primer lote: la idea es que la sanción de la oferta de sexo se produzca sólo si hay denuncia de un vecino y no por acción de oficio de la policía, lo que técnicamente se llama una “acción dependiente de instancia privada”. La propuesta, formulada porMoresi, coincide con un proyecto presentado el viernes por la Asociación de Meretrices (Ammar) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), con el asesoramiento del CELS. Esa modificación cuenta con la simpatía de diputados kirchneristas, como La Ruffa, pero aún no reúne los votos suficientes como para incorporarse a la ley.
Otro flanco polémico es el que involucra a los vendedores ambulantes. Los diputados encontraron una fórmula para excluir de las sanciones a los “vendedores de subsistencia”, como denominan a quienes no pertenecen a las grandes organizaciones de la venta callejera. La fórmula se denomina “principio de insignificancia” y su punto débil es que la interpretación de lo “insignificante” queda a criterio del juez.