Por F. Y.

“Nadie me puede pedir que no sea más del ARI. Es como que a alguien le digan que no puede ser más creyente. Por eso quiero apelar mi expulsión del partido”, aseguró Graciela Ocaña sobre la decisión del comité de ética del ARI bonaerense de sacarla del partido que conduce Elisa Carrió. Anoche, mientras concedía una entrevista a este diario, sus colaboradores estaban terminando de redactar la apelación que presentarán al partido, pero que también entregarán ante la Justicia electoral por considerar que la resolución adoptada es “ilegítima, inconstitucional, incongruente, contradictoria en sí misma, antidemocrática, autoritaria y persecutoria”.
El texto que todavía no se entregó a la conducción del ARI responde cada uno de los considerandos por los que se resolvió la expulsión. En el escrito, la interventora del PAMI y diputada en uso de licencia reconoce sentirse agraviada “en virtud de que se funda en circunstancias fácticas falaces y sus consideraciones carecen de todo sustento jurídico”.
La apelación ataca lo que considera una incoherencia de dicho tribunal cuando le cuestiona la aceptación del cargo de directora ejecutiva del PAMI. Señala primero que los miembros del tribunal se valen de extractos de documentos partidarios para acusarla de incumplimiento a los deberes del afiliado al ARI “sin que de tales transcripciones se deriven relación alguna con la conducta que se me imputa”. La apelación se preocupa en destacar lo que considera una incongruencia del tribunal de ética cuando dice que éste reconoce que “la aceptación del cargo ha significado un acto individual” a pesar de que antes los representantes del ARI le endilgan haber “formalizado una alianza con el gobierno nacional”. Esta es una de las razones por la que Ocaña solicita la revocatoria de la medida, ya que entiende que los miembros del tribunal aplicaron una sanción que define como “arbitraria, basada en falsos hechos, sustentadas en argumentos débiles e incongruentes”.
En cuanto a las declaraciones agraviantes –tanto para el partido como para Carrió– que los dirigentes del ARI le imputan, la interventora del PAMI dice en el escrito que estos argumentos son débiles. Fundamenta su afirmación al destacar que no se transcriben las declaraciones que se le imputan ni se identifican los medios periodísticos donde fueron publicadas. Por esta razón, Ocaña dice en la apelación que todo se trata de “un acto autoritario y persecutorio con el único fin de excluir a un afiliado del partido, ya que se utilizan términos genéricos, poco claros e imprecisos” y agrega que, “en un estado de derecho, toda aplicación de una sanción requiere que se impute de manera precisa el presunto accionar ilegítimo, de lo contrario estaremos en presencia de un acto antidemocrático y de abuso de poder”.
Sobre el cuestionamiento que el tribunal le hace por no haber aportado económicamente al partido durante el año 2003, Ocaña considera tal afirmación como “insólita y contradictoria”, porque por un lado se le imputa que la aceptación del cargo en el PAMI ha sido individual y no en nombre del partido y, por otro, sostienen que ha omitido contribuir al partido con parte de esos ingresos. “Claramente el tribunal de ética me coloca en una encrucijada imposible de salir, puesto que si hubiese contribuido con el partido con un porcentaje de esos ingresos ello hubiera significado haber actuado en nombre del ARI. Y como lo reiterado, y lo reconoce la resolución atacada, la asunción en el cargo ha sido solamente a título individual, en base a mis propias convicciones.”