Agrupaciones sociales, barriales y de derechos humanos, encabezadas por “Vecinos por la Memoria”, pidieron en un carta entregada en la Presidencia de la Nación la realización de una auditoría en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención El Olimpo para preservar las pruebas que puedan incorporarse en los juicios contra los represores de la última dictadura. También exigieron el desalojo de la policía de la totalidad del sitio y el cierre de la planta verificadora de automotores que todavía funciona en el lugar. La nota también fue remitida al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, y a los secretarios de Seguridad, Alberto Iribarne, y de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.