Los “pactos de caballeros” entre empresarios fueron hasta ahora el eficaz recurso oficial utilizado para contener los conflictos comerciales bilaterales, básicamente originados en la mayor competitividad de la producción brasileña que presiona sobre el mercado local. La cercanía política entre los gobiernos de Inacio Lula da Silva y Néstor Kirchner también propicia esas soluciones amigables. Pero el número creciente de pleitos sectoriales está obligando a la Argentina a buscar una fórmula más automática de solución de estas controversias que ponen todo el tiempo en jaque al Mercosur.
Los productores de calzados están esperando que el secretario de Industria, Alberto Dumont, persuada a su par brasileño, Marcio Fortes, para que éste obligue a los fabricantes de su país a respetar el acuerdo firmado el 30 de junio pasado y que limita a 13 millones de pares la venta anual a la Argentina. Al ritmo actual, especulan los fabricantes argentinos, para la Navidad ya podrían haber ingresado más de 18 millones de zapatos made in Brazil.
A fin de mes una delegación de industriales brasileños, acompañados de funcionarios del gobierno petista, viene a chequear la compleja maraña de acuerdos en el sector electrodoméstico celebrados con el idéntico fin de evitar un copamiento del mercado local. Para cocinas, se fijaron cupos trimestrales. En heladeras existe una autolimitación equivalente a la mitad del mercado argentino, aunque aún no se definió con precisión cuál es su magnitud, lo que deja abierto el tema.
Para los televisores producidos en la zona promocional de Manaos rige un arancel del 21 por ciento por doscientos días. Durante este lapso, los empresarios de uno y otro país tendrán que analizar si esa medida realmente equipara a esos aparatos con el precio de otros que provienen de otros lugares del mundo. Sobre los lavarropas, finalmente, se impusieron desde el 23 de julio licencias no automáticas de importación. Resultado: en los depósitos fiscales de la Aduana se acumularon desde entonces un poco más de 10 mil máquinas brasileñas a la espera de una autorización.
Los acuerdos textiles sobre denim e hilados acrílicos (límite de metros a importar en el primer caso, y precio mínimo en el segundo) comenzaron a renegociarse bajo el paraguas de una promesa oficial: Industria intervendrá de inmediato si surgen desequilibrios en otros rubros. Los industriales textiles argentinos advierten que esto puede ocurrir en cualquier momento, ya que las importaciones crecieron un 20 por ciento respecto del año pasado y cambiaron su composición, de modo tal que hoy se compran más prendas terminadas que materias primas.
En todos estos casos, al igual que en el de muebles o máquinas agrícolas, los argumentos locales para exigir protección son similares.
Los empresarios se consideran impotentes frente a los planes de prefinanciación de exportaciones que tiene Brasil, a tasas de sólo el 1,5 por ciento anual, que les permitiría reducir el costo de producción hasta en un 30 por ciento. O apuntan con celo el régimen promocional de Manaos, presuntamente más generoso aún que el ventajoso sistema de desgravación de Tierra del Fuego. Amén de que por la envergadura de su mercado interno pueden producir a mayor escala, achicando costos.
Los industriales de Brasil tienen la posibilidad de volcar aquella generosa ventaja financiera a sus precios para posicionarse mejor en la Argentina, algo que se facilita enormemente en el caso de las compañías trasnacionales que operan a ambos lugares de la frontera, como Phillips o Electrolux, por citar algunas del renglón electrodoméstico.
Roberto Lavagna y Alberto Dumont se mostraron permeables a esas quejas empresarias y promovieron acuerdos privados que son monitoreados por los Estados. Un atajo para proteger la industria local sin violar normas del Mercosur, que ofrecen pocos recursos para zanjar este tipo de pleitos. Pero una fórmula que exige monitoreo constante y fuerza al enfrentamiento de dos gestiones amigas ante cada ímpetu exportador del país vecino.