Por R. K.

El defensor del juez Juan José Galeano, Andrés D’Alessio, y una de las abogadas de la DAIA, Carolina Fernández Blanco, habrán revisado sus criterios de Justicia en los últimos años, ya que el 17 de abril de 1997 y el 19 de abril del mismo año firmaron sendas solicitadas en los diarios Clarín y La Nación en las que se condenaba severamente la actuación de Galeano en la causa AMIA. En esos días, se conoció el video donde el magistrado aparece negociando con Telleldín un pago de “derechos de autor” a cambio de que declare en la causa contra los policías. La solicitada señala que se trata de “métodos degradantes y autoritarios” y el título lo dice todo “Justicia, pero no a cualquier precio”.
Además de haber sido decano de la Facultad de Derecho de la UBA, D’Alessio es considerado uno de los juristas más prestigiosos del país. Fue también integrante de la Cámara que condenó a los comandantes en jefe por los crímenes cometidos durante la dictadura. Por ello sorprendió inicialmente que se constituyera en defensor de Galeano en el Consejo de la Magistratura, donde justamente se ventilarán hechos como los que él mismo condenó en aquella solicitada.
El texto, que fue firmado entre otros por el ahora canciller Rafael Bielsa, la senadora Diana Conti, y un gran número de juristas, entre ellos D’Alessio y Fernández Blanco, señala que “no puede dejar de condenarse la metodología que se ha hecho pública en los últimos días”. Se refiere a la reunión que se vio en el video entre Galeano y Telleldín y la negociación de dinero a cambio de la declaración. “Nos alarma –dice la solicitada– la realización de ‘entrevistas informales’ entre el juez de la causa y una persona que se encuentra procesada. Esta particular forma de comunicación es completamente desconocida para el Código Penal, que sólo admite declaraciones testimoniales o indagatorias formales y transparentes, cuyo contenido debe quedar íntegramente transcripto en un acta. Igualmente alarma el contenido de esa entrevista y la oferta de una recompensa a cambio de una declaración, bajo el disfraz de una discusión sobre derechos de autor. Ninguna ley autoriza a un juez a una práctica semejante...”