Aunque a priori suene contradictorio con las demandas formuladas desde Washington para que la Argentina recomponga las tarifas de los servicios públicos, el Banco Mundial aconseja expresamente “introducir política social antes de cualquier ajuste tarifario para amortiguar el impacto”. La recomendación está contenida en uno de los papers de la entidad, en el que se consigna nítidamente su fundamento: el actual costo de esas prestaciones absorbe una proporción del ingreso de las familias más pobres del país que resulta “intolerable” para ellas, según los parámetros utilizados por el organismo para hacer este tipo de análisis. Frente a esto, los técnicos bancomundialistas consideran como un paliativo apropiado la propuesta de tarifa social contenida en el proyecto de marco regulatorio que Planificación envió al Congreso para crear un subsidio sobre el principio de sacrificio compartido. Estado, empresas y usuarios presuntamente más pudientes tendrían que aportar para solventarlo.
De acuerdo con el análisis del Banco, el pago de los servicios públicos actualmente insume el 15 por ciento promedio del ingreso total de los hogares pobres cuando, según sus estándares técnicos, si ese costo supera el 12 es imposible de afrontar. Esta dramática situación tiene al menos dos agravantes, de acuerdo con lo que revela el estudio. Uno es la tendencia, ya que hace sólo cinco años aquella proporción era del 7 por ciento, menos de la mitad. Otro es que para “el 40 por ciento más pobre” la proporción sube al 20 por ciento.
“En el conurbano las personas más pobres son las que más pagan para ir a trabajar, al punto de que a veces ni les conviene hacerlo.” El juicio corresponde al director Juan Gaviria, quien el jueves advirtió ante un centenar de empresarios congregados en el precoloquio de IDEA en Comodoro Rivadavia sobre el gran déficit que existe en la infraestructura del país y cuánto atenta esto contra la competitividad de la economía.
Aquellas deficiencias generan irritantes exclusiones. De acuerdo con los informes de la dirección regional de Privatizaciones e Infraestructura, en la Argentina existe una proporción de viviendas sin cloacas “muy alta para un país de ingresos medios”, al tiempo que la red cloacal se expande con más lentitud que en países vecinos como Chile o Brasil (0,3 por ciento anual contra 2 por ciento). Este dato es sólo uno de los argumentos utilizados por el BM para predicar a favor de la “universalización” de los servicios básicos, un concepto adoptado por el proyecto de marco regulatorio general que hoy discute el Parlamento.
Según se comprometió públicamente el Gobierno, el Banco debía colaborar en la elaboración de esa propuesta. Esto en realidad no ocurrió, ya que el ministro Julio De Vido resolvió someter al juicio de los legisladores un texto redactado exclusivamente en la intimidad de los despachos oficiales. Sin embargo, los funcionarios ligados al tema habrían pedido expresamente a la entidad que preside James Wolfensohn que asumiera la defensa pública de la iniciativa para evitar que abortara. El Banco accedió, reservando para un ámbito discreto las objeciones.
Hay un aspecto que simpatiza genuinamente al organismo multilateral. La propuesta oficial replica en líneas generales un proyecto de tarifa social fogoneado por el justicialista Gerardo Morales que ya tiene media sanción del Senado. Este texto, redactado con la participación activa de la Unidad de Renegociación y de las propias privatizadas, crea un fondo para subsidiar una parte a definir de las facturas que pagan los usuarios más pobres de algunos servicios elementales y para llevarlo a quienes aún no están integrados a las redes. Ese fondo se nutriría con tres aportes diferentes: una reducción del IVA (Estado), un 2 por ciento sobre la tarifa de los clientes no subvencionados (residenciales más pudientes) y una rebaja otorgada por las propias prestadoras.”Da una respuesta interesante” al problema de la falta de universalidad e imposibilidad de pago, considera el informe del Banco en alusión al proyecto de marco regulatorio general. Sin embargo, a los técnicos que analizaron la propuesta de De Vido les seduce mucho menos la intención de darle al Estado un rol tan preeminente en la definición y ejecución de los planes de inversión, así como la incertidumbre que genera la superposición de esa proyectada ley con los marcos regulatorios hoy vigentes. Según admiten fuentes ligadas al organismo, ambas cosas podrían desalentar las inversiones privadas, ya remisas desde que se pesificaron las tarifas, pero muy necesarias frente a la “limitada capacidad de recursos públicos”.
“El establecimiento de tarifas deberá ser compatible con los objetivos de atraer inversiones y también contemplar el objetivo social de proteger a los consumidores de bajos ingresos.” Según calcula el Banco, sólo en el área de energía la Argentina necesitaría invertir hasta el 2008 unos 20 mil millones de pesos (algo más de 6600 millones de dólares) para evitar “los cuellos de botella” generados en el transporte de gas y electricidad. Este es un esfuerzo tan difícil como el de quintuplicar el ritmo de inversión actual en infraestructura para elevarlo al equivalente a unos 2500 millones de dólares en el año.