El Gobierno recibió un mensaje claro de las tropas apostadas en Haití: “Por favor, no nos obliguen a funciones de represión interna”.
Página/12 pudo saber que ése es el pedido que llega por las vías habituales a la Cancillería y el Ministerio de Defensa.
El reclamo no es distinto de la idea predominante en la Argentina entre civiles y militares. Salvo algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, sobre todo retirados, y excepto el presidente retirado Carlos Menem, que suele insistir en que los militares intervengan en la seguridad interna, el consenso político es que los dos campos deben estar separados. De ningún modo las Fuerzas Armadas tienen que participar en la represión interna por razones históricas (sería un modo de reponerles poder político en asuntos que no le conciernen), legales (lo prohíben las leyes de Defensa y de Seguridad Interior) y de eficacia (la función de los militares no es la prevención en las calles ni la investigación criminal).
El riesgo, ahora, es que una dinámica compleja como la de Haití termine obligando a cambiar la función que cumplen las fuerzas argentinas.
Uno de los objetivos de las Naciones Unidas es conseguir el desarme en Haití. Esa sería una de las condiciones para reconstruir el Estado.
La clave son las instrucciones precisas para el desarme.
Por un lado está el desarme de los ex militares. ¿La política hacia ellos será firme o serán utilizados como fuerza de seguridad de hecho?
Y por otro lado está el desarme de los partidarios del ex presidente Jean Bertrand Aristide.
El problema no es el desarme en sí mismo, sino que sea parejo para todos los sectores. El problema, también, es si entraña dificultades concretas para las tropas argentinas.
Buena parte de las armas puede estar diseminada en barrios populares, y recuperarlas sería un objetivo solo realizable mediante rastrillajes profundos. En ese caso, el riesgo para las tropas argentinas sería obviamente físico, pero también político: podrían quedar comprometidas en operaciones que tiene prohibidas, y además no desean realizar, en la Argentina.
La Argentina envió militares como parte de una operación internacional en la que participan otros países de América latina, entre ellos Brasil y Chile.
El Gobierno se involucró en Haití argumentando que así entendía la solidaridad con un país arrasado y que a la vez era una forma legítima de intervención multilateral compartida con los vecinos.
Pero de los tres países principales del Cono Sur, la Argentina es el que tiene la delimitación más precisa del papel de sus Fuerzas Armadas. Por eso es el que está más obligado a supervisar políticamente y proteger a sus efectivos en Haití.