Por I. H.

Aunque se pronunció a favor de la pesificación, el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni desplegó en su voto algunas diferencias sustanciales de criterio que anticipan que no respalda la solución del 1,40 más CER en los reclamos de ahorristas de hasta 70 mil dólares. Cuando el máximo tribunal, con su actual composición, tenga que resolver recursos judiciales hasta esa cifra, no habría mayoría. También dijo que los amparos ya cobrados deberían considerarse como “definitivamente consolidados”, por lo cual los bancos no podrían pedir ningún reintegro a sus clientes. Otros dos jueces, Elena Highton de Nolasco y Antonio Boggiano, también expusieron argumentos diferenciados, pero en aspectos menos sensibles.
Las consideraciones de estos tres jueces no fueron las predominantes, con lo cual no forman parte de los efectos concretos del fallo de ayer. Para Zaffaroni, “se impone un tratamiento diferenciado de depositantes de cuantías mayores y menores”, de lo contrario se afectaría el principio de igualdad ante la ley. “Si los perjuicios del estado de necesidad deben repartirse entre todos –advirtió–, justo es que la mayor carga la soporten quienes tienen mayor capacidad” para eso. Además, evaluó, es probable que este grupo tuviera “mayor capacidad de información frente a las maniobras que ocultaban el proceso de deterioro”. Según su razonamiento, las personas de menores recursos fueron las que sufrieron el impacto más importante de la crisis y no corresponde cristalizar esa situación ahora que “la situación más urgente ha sido superada”.
Zaffaroni propuso un esquema de devolución en moneda de origen de los depósitos hasta 70 mil dólares y el reconocimiento de esa misma cantidad a quienes tuvieran plazos fijos de hasta 140 mil. En este segundo caso, por la diferencia correspondería aplicar el 1,40 más CER. Por encima de 140 mil, regiría sólo este último mecanismo. En otro tramo de su voto, siguiendo los conceptos del ex economista díscolo del Banco Mundial Joseph Stiglitz, el juez advierte la necesidad de que se investigue a “los técnicos” que con sus políticas llevaron al país al colapso y propiciaron, poco antes, la Ley de Intangibilidad de los depósitos que “se aproxima mucho a la preparación de una defraudación de proporciones colosales”. Boggiano resaltó que “toda solución debería tratar con igualdad a los acreedores de obligaciones internacionales e internas, salvo las que respondan a cuestiones humanitarias”. Este ministro había acompañado a la mayoría en el fallo contra el corralito de principios de 2002 que Belluscio y Maqueda cuestionan en el voto general. Finalmente, Highton destacó que, en un marco donde “grandes sectores de la población se encuentran por debajo de la línea de indigencia”, no puede prevalecer “pretensión individualista por sobre el interés general”.