“La reclusión perpetua para un menor de edad es equivalente a la pena de muerte para un adulto”, advierte Emilio García Méndez, experto en Derecho Penal Juvenil. “Argentina es en esta materia el país legislativamente más atrasado en América latina, con la institución más perversa y perjudicial”, sostiene el jurista.
“La única salida seria es la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil que prevea la privación de libertad como medida excepcional y último recurso, además de poner topes a la detención. La conmutación de penas por sí sola tiene un contenido meramente humanitario, pero no es reparadora. Mientras siga vigente la ley 22.278, de 1980, cualquier menor entre 16 y 18 años podrá ser víctima de este sistema represivo”, pronostica.
La norma que señala García Méndez es la que en la actualidad establece un régimen especial para esa franja de menores. “Si analizamos las sentencias de reclusión perpetua a menores, debemos concluir que en el país la imputabilidad plena es a partir de los 16 años. La ley 10.903 dice que de ahí para abajo son no punibles y para ellos están los institutos de menores que son peores que las cárceles de adultos”, dice García Méndez.
En el Congreso existen varios proyectos que proponen la derogación de la normativa actual y la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil. La diputada Laura Musa (ARI), autora de uno de ellos, propone “una ley con topes para la privación de la libertad, que regule el debido proceso entre los 14 y 18 años de edad y prevea un abanico de sanciones juveniles que den respuestas diferenciadas y proporcionales”. “Lo que nos hace falta –dice Musa– es un empujón del Poder Ejecutivo.” Otro proyecto similar fue presentado por los senadores Jorge Yoma (PJ) y Vilma Ibarra (Frente Grande) y tiene todavía alguna chance de ser debatido en comisión antes de fin de año.