“Entendemos que todo el sistema debe mejorarse”, señaló el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, al anunciar un paquete de medidas dirigidas a reorganizar el sistema de habilitaciones e inspecciones, cuyas falencias quedaron en evidencia tras la tragedia de República Cromañón. El reempadronamiento progresivo de los “sectores críticos”, la incorporación de casi un centenar de nuevos inspectores, la informatización del área y la simplificación de los trámites de habilitación son algunas de las novedades presentadas ayer.
El “plan de gestión integral”, como lo llamó Ibarra, se divide en tres programas: uno de seguridad ciudadana, otro de emergencias, y el tercero, de control comunal.
En el área de emergencias se impulsará el desarrollo de un mapa de riesgos de la ciudad, como adelantó Página/12 en su edición del sábado, además de establecer un nuevo esquema de coordinación operativa con organismos públicos (Bomberos, Policía, Ejército, Gendarmería, entre otros) y con empresas de servicios.
“Necesitamos aumentar el número de inspecciones. Sobre esto vamos a trabajar. Vamos a tener indicadores sobre la eficiencia de la gestión”, señaló Ibarra. En ese sentido, adelantó la incorporación de nuevos inspectores –podrían llegar a ser alrededor de cien– y a la vez la reorganización de las inspecciones. Cada inspector –dijo– tendrá una responsabilidad territorial que será rotativa. Para fiscalizar las inspecciones, se realizarán “controles cruzados” y se promoverá el “control ciudadano” a través de Internet. Según explicó Juan José Alvarez, secretario de Seguridad y autor del plan, se publicará en la web cada inspección, con los resultados obtenidos. “Queremos lograr una tendencia de corrupción cero”, destacó el jefe de Gobierno.
Con respecto al área de habilitaciones, insistió en que “tenemos una normativa obsoleta”. “Hay un sistema generado para gestores que genera mayores costos y posibilidades de corrupción. Nuestro objetivo es modificarlo”, puntualizó Ibarra, y señaló que se “modernizará y actualizará” la normativa para que las habilitaciones se hagan a través de una declaración jurada y se eliminen los trámites y los expedientes. No obstante, aclaró que en el caso de “los sectores críticos” recibirán la habilitación recién después de ser inspeccionados. Asimismo, indicó que el gobierno porteño lanzará un plan de “reempadronamiento progresivo de los sectores críticos” para tener información “fehaciente” de comercios, industrias, depósitos y empresas de servicios activas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. “Hoy hay un padrón que no refleja la realidad. Vamos a eliminar los negocios sin habilitación”, aseveró.
Con respecto a la seguridad ciudadana, enumeró los ejes del plan para mejorarla: por un lado, se creará un cuerpo de fiscalizadores especiales que se dedicarán a controlar a las agencias de seguridad privada. Por otra parte, se habilitará un 0-800 para recibir denuncias de vigiladores no habilitados. Además, se incorporarán 250 integrantes a la guardia urbana, que comenzarán a formarse a partir de la semana próxima, y se sumarán a los 160 ya existentes, encargados del control del espacio público. Y a partir de marzo, estarán en la calle los 500 agentes de la policía comunitaria dependientes de la Federal, pero que “cubrirán objetivos urbanos en coordinación con el gobierno de la ciudad”.