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› Por Verónica Abdala
- Raúl Salinas (director del Programa de Cárceles del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales): “El estado del sistema penitenciario evidencia muchos problemas desde hace tiempo, como las condiciones de detención paupérrimas, la duración de los procesos penales que hacen que muchos detenidos no tengan condenas, la falta de democratización del servicio penitenciario y los enormes índices de violencia debido al hacinamiento. La cárcel es un espacio desatendido por las autoridades políticas y judiciales, por lo cual es lógico que se produzcan estos estallidos. La cárcel es un espacio fuera de la ley. No sabemos lo que sucede adentro, los jueces no tienen una intervención activa, las gestiones tienen muy poca transparencia. Cuando no se da un canal para reducir la conflictividad ocurren situaciones como ésta”.
- Remo Carlotto (secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires): “Las condiciones de detención y la situación de superpoblación son los ejes de un conflicto que hay que resolver. La falta de equidad social genera una suba en el índice delictivo que no se resuelve en una acción que plantee como objetivo tenerlos bajo condiciones de detención. Hay que profundizar el desarrollo del antes y el después, es decir las políticas de prevención, inclusión y reinserción social que son las que permiten bajar el índice del delito”.
- Gustavo Palmieri (director del Programa de Violencia Institucional del CELS): El motín hace que la atención pública se concentre en una cuestión que es cotidiana dentro de las cárceles: sus condiciones de detención. El mayor uso de la violencia interna es un indicador de la situación que sufren dentro de los penales, donde no comen o comen mal, no tienen sitios adecuados para dormir, reciben visitas en pésimas condiciones. Algo lamentable fue la actitud que tomaron el gobernador de Córdoba y el secretario de Seguridad, ambos con un claro desprecio por la vida de las personas privadas de su libertad. El gobernador dio sus condolencias sólo a los familiares de los muertos del servicio penitenciario, y el secretario planteó que esto es una guerra.
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