La ley que modificó los parámetros de prescripción establecidos por el Código Penal fue aplicada ayer por segunda vez. En esta ocasión los beneficiados fueron ex funcionarios del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, acusados por fraude y asociación ilícita.
“Desde el punto de vista jurídico, no tenía otra alternativa”, evaluó el juez a cargo de la causa, Guillermo Atencio, quien implementó la nueva reglamentación en forma parcial sobre algunos de los acusados, ya que sobre ellos pesaban delitos en los que no podía ser aplicada. El primer caso fue protagonizado por un juzgado de Mar del Plata el jueves, en una causa que investigaba por estafa a empleados del Banco Nación.