Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

La sangre no llegó al río, por ahora. Luego de numerosas reuniones entre el equipo económico y los legisladores del bloque justicialista, el Gobierno parece encontrar los buenos vientos que le permitan llevar a un puerto tranquilo las discusiones sobre las leyes de subversión económica, de quiebras, de bonos y de modificación del CER. Estos dos últimos temas se resolverían el lunes con la firma de un decreto presidencial. Eso sí, los parlamentarios le mostraron al Ejecutivo la voluntad de respaldarlos luego en el Congreso.
La exigencia del FMI de derogar la ley de subversión económica generó un fuerte enfrentamiento dentro del bloque de senadores justicialistas. Los más deseosos de conformar al Fondo –menemistas y la conducción de la bancada– pugnaban por una derogación lisa y llana. Sin embargo, la resistencia de ocho legisladores del PJ puso en peligro la iniciativa oficialista. Los rebeldes sostenían que para evitar una amnistía a los banqueros –consecuencia directa de la derogación– lo correcto era modificarla. El entrerriano Jorge Busti encabezó este grupo disidente.
Hasta el viernes parecía que el oficialismo fracasaría con esta norma. Pero todo cambió cuando el ministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmó que sería derogada y que se estaban conversando las modificaciones, tal como lo recomendaban algunos legisladores. La frase del funcionario alivió la tensión interna entre los senadores.
Y si alguien dudaba de las consecuencias de los dichos del ministro, el propio presidente de la bancada oficialista, José Luis Gioja, lo confirmó: “Esto nos saca el problema de desprocesar a los casos emblemáticos, con lo que a nadie le gustaría cargar”. La frase fue, sin duda, un tácito reconocimiento a los argumentos de los que se valieron Busti y el riojano Jorge Yoma cuando rechazaron la derogación.
Si bien los dichos de Lavagna fueron una especie de bálsamo para el bloque, ahora resta discutir en qué consistirán las modificaciones a la norma. Busti, por caso, no sólo propone aggiornarla sino que además endurece las penas. Habrá que ver entonces cómo compatibilizan estas ideas con las de senadores como Eduardo Menem y Miguel Picheto, dos de los más furiosos defensores de la derogación.
Todo indica que lo de Lavagna sirve para sortear el escollo Senado. Eso sí, nadie sabe si alcanzará para cuando la ley llegue a Diputados. Por ahora son pocas las expresiones a favor o en contra. Uno de los más firmes opositores a la derogación es el justicialista Ricardo Falú, quien ayer calificó a la exigencia del FMI de derogar la norma como un “megasoborno internacional”. El legislador tucumano, uno de los principales negociadores de las reformas legales en el bloque oficialista, confesó que “no puedo levantar la mano para consagrar la impunidad de los banqueros que están bajo investigaciones judiciales”.
Si hay una iniciativa que el Gobierno privilegia que se instrumente mediante una ley, ésa es la de quiebras. A las 9 de la mañana de ayer el equipo económico continuó acercando posiciones con los legisladores. Por el lado del Gobierno se alinearon: Roberto Lavagna, Jorge Matzkin y Eduardo Amadeo; por el Parlamento estuvieron el senador Marcelo López Arias y los diputados Eduardo Di Colla y el radical Horacio Pernasetti.
“Estamos avanzando”, responde con cierta euforia Di Colla cuando Página/12 le pregunta por el estado de las discusiones. Para fundamentarlo, el diputado cordobés afirmó que “hemos logrado ampliar el plazo de preferencia para las ofertas” de los acreedores de empresas quebradas. “El plazo original contemplado por el Gobierno era de 30 días, actualmente se estudia extenderlo a 90 o 120 días según los casos”, concluye. También hubo acercamientos en la valuación de las firmas en quiebra. Se dejó de lado la primera idea de tomar en cuenta los valores contables y se privilegió “la cotización real, incorporando el valor de los activos intangibles”. Claro que hay un punto no menor de discordia y eso es el derecho del deudor de retener su empresa si equipara la ofertaque realiza el acreedor. El Gobierno no acepta esta posición –tampoco el Fondo la mira con buenos ojos– a pesar de que a la hora de redactar el proyecto de ley los diputados se inspiraron en la legislación estadounidense. No se trata del viejo dicho de que nadie es profeta en su tierra, sino de que a los ojos del capital extranjero le resulta más apetecible la vieja ley de los tiempos de Domingo Cavallo.
Aunque todo indica que hay un virtual acuerdo, tanto el Gobierno como el Congreso seguirán discutiendo, cada uno con sus pares, durante el fin de semana los últimos borradores. El lunes se volverán a encontrar y si todo sigue igual, el martes habrá una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de Diputados en la que se emitirá un dictamen. En este escenario, que los peronistas presentan sin escollos, las últimas fichas se jugarán el próximo miércoles en el recinto.
El Coeficiente de Estabilización de Referencia, el polémico proyecto con el que se pretende actualizar los créditos, terminará definiéndose por decreto de necesidad y urgencia. No habrá CER para los créditos hipotecarios para vivienda única, sin una cifra tope ya que tan solo el 2 por ciento de los créditos supera los cien mil pesos. Pero como no se trata de números, la política y el Fondo tendrán la última palabra.