El pico inflacionario de marzo reavivará la polémica sobre los alcances de las negociaciones salariales y, en el fondo, debería colocar en primer plano la discusión sobre la distribución del ingreso en la Argentina. La razón es simple: hasta enero último, los trabajadores del sector formal de la economía habían conseguido, en promedio, remontar el poder adquisitivo perdido desde la devaluación. Pero el avance de la inflación durante el primer trimestre los vuelve a sumergir bajo la línea de flotación. Más grave es la situación para los empleados en negro y de los empleados públicos, que nunca lograron recuperarse del golpe que la devaluación asestó a sus bolsillos y que, de no frenarse el envión de los precios, seguirán cayendo sin red. Trabajadores informales y empleados públicos hoy compran con sus ingresos un tercio menos que antes de la devaluación.
Según los datos que manejan en el Ministerio de Economía, la evolución del poder de compra de los asalariados presenta cuatro situaciones diferentes: 1) En el sector privado formal o en blanco, en enero último los salarios habían recuperado el poder de compra perdido. Así, en promedio los sueldos en blanco habían logrado empardar el aumento de la inflación minorista desde la devaluación. Sin embargo, durante el primer trimestre del año el salario real de este grupo habría caído un 3 por ciento. 2) Entre los asalariados en blanco, los empleados industriales sobresalen del resto, porque para ellos el salario real a enero había crecido un 11 por ciento en comparación con fines de 2001. En el último año y medio no sólo recuperaron el poder de compra evaporado tras la devaluación, sino que incluso lograron una pequeña mejora. 3) Para los empleados “no registrados” o “en negro” (casi la mitad del total de ocupados en el sector privado), en cambio, la caída en el poder adquisitivo llegaba a principios de año al 26 por ciento. 4) Para los empleados públicos, en tanto, el recorte en el salario real era del 28 por ciento.
No es necesario detenerse demasiado en explicar que, durante el primer trimestre de 2005, la situación empeoró para los cuatro grupos mencionados más arriba. Pero, como los precios no diferencian entre asalariados, para trabajadores en negro y empleados públicos la situación sería hoy mucho más delicada, porque sus ingresos, en términos reales, serían un tercio inferiores a los de fines de 2001.
Durante el primer trimestre el costo de la canasta de alimentos (medida de la indigencia) aumentó 6 por ciento. Dicha cesta básica tiene un peso decisivo en el presupuesto familiar de los trabajadores en negro, por lo que no es descabellado especular con que el bajón en el poder adquisitivo de este sector fue todavía mayor.
Por otro lado, es interesante analizar la dinámica que mostraron hasta ahora los salarios. Según un informe del Banco Central, pese a que la mayoría de las empresas cuenta con un mullido colchón de ganancias, los decretos presidenciales (cinco que suman 350 pesos de bolsillo) representan “casi un 80 por ciento de la suba de los salarios nominales del sector formal privado de la economía”. En otras palabras, si el Estado no hubiera motorizado la recomposición salarial, el ingreso real de todos los trabajadores se encontraría hoy en el tercer subsuelo.
Lavagna dice que la etapa de los aumentos de salarios generalizados quedó atrás. Pero, entonces, cómo evitar que se cristalice un reparto tan desfavorable para los trabajadores.