En medio de la batalla entre funcionarios del actual gobierno y ex funcionarios de la época de Menem por el cobro de sobresueldos, vuelve a salir a la escena pública que la corrupción es una deuda política aún no resuelta.
Nuestro país cuenta con diferentes herramientas legales anticorrupción, con organismos de control creados al efecto, pero pese a ello no ha habido hasta el momento casos contundentes de condenas judiciales.
Si bien es cierto que el caso María Julia sentó un precedente, el mismo no es significativo del universo de negociados que durante la época de Menem se llevaron a cabo en el país. Por eso es importante que la investigación actual por sobresueldos sea una punta de lanza para romper las lógicas de impunidad que se tejieron entre el poder político, empresas y jueces adictos a los gobiernos de turno.
Del año 1989 al 2003, cerca de 960 millones de pesos/dólar fueron asignados a la SIDE por fuera de la ley de presupuesto. Se sospecha que esta cantidad de dinero estuvo asignada al pago de sobresueldos. El monto, si bien no forma una cifra exacta, sí es muy gráfico del daño social producido con la corrupción no sólo a la salud de las instituciones democráticas, sino fundamentalmente a las condiciones de vida de los argentinos. No puede soslayarse que los años de mayor corrupción en nuestro país fueron también los años donde más crecieron los índices de pobreza, desocupación, mortalidad infantil.
La corrupción es un delito económico y como tal afecta derechos económicos y sociales. Entonces se deben afrontar seriamente los daños que con ella se producen, pero para ello no es suficiente la herramienta penal, porque para este tipo de delitos suele ser ineficiente y no atiende a la reparación verdadera de los perjuicios producidos.
Es importante que los fiscales y jueces federales tomen acciones concretas entonces para la efectiva recuperación de fondos públicos sustraídos al Estado. Nuestro país cuenta con herramientas legales al efecto y casos concretos donde puede recuperarse dinero de la corrupción. Sobresueldos es uno más entre tantos. Solo hace falta la decisión política de colocarse del lado de la impunidad o de la reparación social.

* Director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).