“La inseguridad no puede ser utilizada una vez más para promover la represión y justificar los eternos abusos de los sistemas de seguridad pública y de la Justicia contra niños y adolescentes.” La frase es del brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, un experto independiente en derechos de la niñez, designado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, para coordinar una consulta mundial sobre la violencia hacia los menores. Pinheiro está en Buenos Aires y ayer conversó con Página/12 sobre los alcances del estudio, y las particularidades del fenómeno de la violencia en la Argentina. “Para los gobiernos este tema no es una prioridad porque los chicos no votan”, aseguró.
–¿Por qué la ONU decidió encarar un estudio global sobre la violencia hacia los chicos?
–La Comisión de los Derechos de los Niños que recibe los informes de los Estados y de la sociedad civil constató en el año 2000 que la violencia contra los niños y adolescentes se había agravado y los gobiernos no estaban dando respuestas eficaces a ese fenómeno. Expresiones de esta realidad son el castigo corporal en las casas o en las escuelas, los niveles de violencia sexual, también de parte de familiares, la extensión del poder de las mafias que se dedican al tráfico y venta de niños y niñas y a la pornografía infantil de la mano de la globalización. El objetivo de este estudio es que surjan recomendaciones de políticas públicas. La Convención de los Derechos del Niño cumplió 15 años. Entre sus preceptos figura la protección de los niños y adolescentes contra la violencia. Pero todavía existe un abismo entre la Convención y las leyes nacionales.
–¿Cuál es la problemática más grave en Argentina en este terreno?
–Argentina participa de formas comunes de expresiones de violencia del Cono Sur. Un aspecto preocupante es el tratamiento de los niños y adolescentes infractores de la ley, la relación de la policía con los adolescentes y la violencia en la familia, que es una caja negra. Un tema que espero que el gobierno argentino esté en condiciones de rever es la condena a prisión perpetua a unos trece jóvenes que fueron condenados cuando eran menores de edad. Un legado de la dictadura es que no se reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de derecho.
–Periódicamente como respuesta a la inseguridad hay impulsos legislativos para bajar la edad de imputabilidad penal. ¿Cómo analiza este tipo de medidas?
–Lo que el estudio quiere demostrar en el diálogo con los gobiernos es que una mirada represiva sola no es la respuesta para la seguridad de los ciudadanos. Sé que el año pasado hubo manifestaciones inmensas después del secuestro y muerte de un joven. Por supuesto, las familias quieren protección, y eso es un derecho. El Estado tiene el deber de impedir que la inseguridad prevalezca, pero hay una excesiva demonización de la juventud –no sólo por la prensa– en todo el Cono Sur, como si fueran los criminales. La mayoría de los adolescentes no son delincuentes, pero son percibidos como criminales. Los gobiernos democráticos de América latina tienen que superar la discriminación hacia los adolescentes porque es un legado de la dictadura. Hay que responsabilizar a los criminales adultos. Los jefes de las organizaciones delictivas no son niños y adolescentes: son adultos.
–En la consulta a adolescentes argentinos aparece la policía como la institución que más violencia ejerce hacia ellos ...
–No hay la menor duda al respecto. La institución policial no se modernizó, todavía parece estar en el “presiglo XVIII”. Muchos policías todavía no incorporaron la noción de que son delegados de la ciudadanía y no represores, y de que tienen que respetar los derechos de los niños y los adolescentes.
–¿Por que le cuesta tanto a la policía no tener un vínculo discriminatorio y violento hacia los jóvenes?
–La culpa no es de la policía, es de los gobiernos. Se habla mucho de reformas policiales, de equipamientos modernos, pero las prácticas continúan siendo las mismas de las dictaduras, siguen las torturas y persecuciones hacia los pobres. Pero la responsabilidad no es sólo del Ejecutivo sino también de los legisladores, que creen que serán más fácilmente elegidos con un discurso represivo.
–Los adolescentes de la ciudad de Buenos Aires perciben como una forma de violencia la falta de controles del Estado en el cuidado de los lugares de diversión a los que concurren. ¿Este señalamiento aparece en otros países?
–No es un privilegio de Argentina, aparece en grandes zonas urbanas. Es el problema de San Pablo, de ciudades del Este de Estados Unidos. Los adolescentes tienen razón en pedir más garantías para poder divertirse porque es también un derecho á garantizado en la Convención.
–Otro ámbito que aparece como generador de violencia hacia los chicos, más allá de las familias, es la escuela. ¿Cómo se explica?
–Las escuelas coexisten en el mismo contexto en el que están las familias y las autoridades del Estado. En las escuelas no se escuchan las voces de los chicos. Son espacios autoritarios. Se deben crear mecanismos de participación desde la niñez hasta la juventud en los ámbitos educativos. Lo que es terrible es que esto mismo lo escuchaba en Mayo del ’68 en Francia. Pero la escuela también ha sido incapaz de impedir la violencia entre los alumnos, la discriminación, las humillaciones que sufren algunos chicos. Tampoco ha podido impedir otras manifestaciones más graves como la introducción de las drogas y las armas. En América latina se ha producido un proceso de decadencia de la escuela pública como consecuencia de las concepciones minimalistas de los estados.
–Otro aspecto llamativo del estudio en la Argentina es que los chicos llegan a justificar la violencia física que reciben en sus familias porque consideran que es para “corregirlos”.
–Es una opera prima del autoritarismo. Escuché la misma versión en Trinidad y Tobago y también en China. Los niños creen que para recibir una buena disciplina tienen que ser castigados. Es la interiorización de la violencia, pero también es una revelación de la impotencia total de los niños. En China uno me preguntó: “¿Si mi padre me pega qué debo hacer?”. Mi respuesta fue: “Tú tienes que acercarte a un tío, a un abuelo, a un pariente o a un profesor al que le tengas confianza”.Un chico golpeado no puede aparecer ante sus padres con la Convención por los Derechos del Niño porque se pondrían más rabiosos y agresivos.
–¿Por qué no toman los gobiernos como una prioridad el tema de la violencia doméstica?
–Porque los chicos no votan. Si votasen, ese tema tendría más relevancia. En Brasil fue sorprendente como cambiaron algunas campañas políticas a partir de 1988 cuando empezaron a votar en masa los adolescentes desde los 16 años. En lugar de proponer bajar la edad en la que pueden participar de las elecciones, se habla de disminuir la edad de responsabilidad criminal.