En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia convalidó la prohibición de difundir los resultados de las encuestas en boca de urna hasta tres horas después de cerrados los comicios. La Corte se pronunció sobre el tema tras la demanda promovida por las asociaciones que nuclean a radios y canales de televisión planteando la invalidez de la norma contemplada en la ley 268 de la ciudad de Buenos Aires y que ya había sido ratificada por el Superior Tribunal de Justicia porteño. Los encuestadores se dividen entre quienes no lo consideran una resolución “restrictiva” y quienes afirman que “es una mordaza para los medios” y “desinformación para los ciudadanos”, además de tapar las deficiencias de un sistema electoral “precario y artesanal” y de “favorecer las peores prácticas de los partidos políticos”.
La Corte consideró “razonable” la restricción y confirmó el pronunciamiento del Tribunal porteño que no dio lugar al reclamo de la Asociación de Telerradiodifusoras (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA). Aunque el fallo dividió a los supremos. Enrique Petracchi y Augusto Belluscio votaron en disidencia parcial: acordaron la constitucionalidad de la prohibición de difusión de encuestas de intención de votos 48 horas antes de la elección pero en contra de la restricción horaria para divulgar las proyecciones de boca de urna.
Una opinión que no compartió la mayoría de la Corte. “En lo que hace a encuestas en boca de urna, la prohibición legal buscaba preservar, sobre las recientes experiencias locales e internacionales, la tranquilidad pública –del acto eleccionario y de los electores– que debe primar sobre un interés meramente particular de quien informa, que es susceptible de influir indebidamente en el electorado mediante informaciones contradictorias, especulativas y a la confusión entre la información oficial e interesada”, expresó el resto de los supremos.
Un fundamento que no comparten algunos encuestadores. Para Enrique Zuleta Puceiro, la decisión judicial “va en contra de la tendencia internacional antiprohibicionista, confunde aspectos esenciales sobre la cuestión electoral y supone una mordaza para los medios y desinformación para la ciudadanía”. En diálogo con Página/12, el director de Ibope OPSM reconoció que para los consultores no significa una pérdida económica porque “las encuestas las encargan los propios partidos políticos” aunque se preguntó “por qué los políticos son los únicos que pueden hablar del resultado que involucra a toda los ciudadanos”.
“En nuestro país todavía existe el fraude electoral, en las provincias, las internas de los partidos políticos. La encuestas en boca de urna son una garantía de equilibrio en la información como pasó recientemente en Santiago del Estero, donde nosotros dimos ganador a Gerardo Zamora mientras desde el oficialismo se insistía en el triunfo del peronismo y los resultados oficiales recién comenzaron a conocerse después de las doce de la noche. Esta medida favorece las peores prácticas de los partidos políticos”, insistió Zuleta ante este diario.
En cambio, para Manuel Mora y Araujo “las elecciones no se ganan con las encuestas sino contando votos”. Consultado por Página/12, Mora y Araujo afirmó que “no hay que dramatizar sobre la cuestión del horario” y que muchas veces las encuestas en boca de urna “sirvieron para que muchos candidatos se proclamaran ganadores sin esperar los resultados oficiales”. Pero reconoció que “hubiese sido distinto si prohibían realizar las encuestas. No hay que exagerar”, proclamó.
“No me parece una cuestión de censura pero sí de gatopardismo puro: cambiar algo para que nada cambie. El boca de urna no altera la fidelidad ni distorsiona el resultado electoral. Me parece una cuestión hipócrita que en realidad pretende tapar la postergación tecnológica de nuestro artesanal sistema electoral, que nos coloca por debajo de algunos países de la región. Habría que implementar el voto electrónico. La resolución dela Corte es una chantada”, resumió a Página/12 Artemio López, director de la consultora Equis.