Todo empezó cuando una de las jóvenes logró escapar y regresó a Paraguay. Allí contó que, junto a un grupo de compatriotas, había sido llevada con engaños para ser sometida a explotación sexual. Ahora, la ministra de Repatriados y Refugiados del Paraguay, Nicasia Maldonado de Solaheche, viajó hasta la provincia de Córdoba para conocer la situación de las mujeres paraguayas, algunas de ellas menores de edad, que ejercen la prostitución en la capital provincial y en algunas ciudades del interior. Según contó la funcionaria a este diario, “de las 34 chicas que, según sabíamos, eran explotadas sexualmente, solo quedan 15, ya que el resto pudo regresar a Paraguay”. El último caso denunciado se detectó en Quilino, al noroeste de la provincia, y se suma a uno muy grave sucedido meses atrás en Inriville, en el límite con Santa Fe, y a otros dos en la capital mediterránea, por los cuales están procesados un cabo de la policía provincial y otras siete personas. Las causas son investigadas por la Justicia provincial y federal, debido a que existen delitos correspondientes a ambas jurisdicciones.
“Los padres de la chica que logró escapar se pusieron en contacto con nosotros y nos alertaron de la terrible situación que se vivía en Córdoba. El embajador argentino en nuestro país, Héctor Dellepiane, se movió rápidamente y a través de Interpol llegamos al comisario Mario Luis Gaumet, de la policía provincial, quien nos puso al tanto de la situación en Quilino, que se suma a otros casos de los cuales ya teníamos información”, contó a Página/12 Maldonado de Solaheche.
La funcionaria denunció que el tráfico de mujeres paraguayas utilizadas para la explotación sexual en distintos países (Argentina, Brasil, España y otros) “es un problema grave y permanente”, y que por ese motivo el presidente Nicolás Duarte creó un organismo especial integrado por entidades oficiales y no gubernamentales que se dedican al seguimiento de estas chicas, “muchas de las cuales son menores y salen del país sin documentos o con documentación falsa, en busca de trabajo y un horizonte más próspero”.
Llegada a la provincia hace una semana a partir del escándalo detectado en Quilino, al noroeste de Córdoba, Maldonado se entrevistó con el gobernador De la Sota y con todas las autoridades policiales y judiciales que entienden en esta causa y en las otras dos, que se tramitan en la Fiscalía 3 de la Justicia ordinaria, y en el Juzgado Federal Nº 2. “La prostitución es un delito provincial, pero el tráfico de personas, la falsificación de documentos y la permanencia ilegal de ciudadanos de otro país con el fin de obtener un beneficio económico son delitos federales, contemplados en la Ley de Migraciones 25.871, sancionada en enero del 2004”, aclaró a Página/12 Alberto Jesús Rubio, delegado en Córdoba de la Dirección de Migraciones.
“Nosotros teníamos un listado de 29 chicas que eran prostituidas en distintos lupanares de esta provincia, pero la fiscal Hebe Flores nos dijo que eran 34. Viajamos a Quilino y encontramos a 5 chicas, a quienes tratamos de persuadir de que regresaran a sus hogares. Al principio se pusieron a la defensiva y nos decían que estaban ahí por su voluntad, pero de a poco se fueron soltando y confesaron que algunas fueron engañadas y que pronto iban a visitarme en mi oficina en Paraguay”.
La ministra confirmó que “de la lista ofrecida por la Justicia todavía quedan 10 mujeres trabajando en Córdoba, aunque no hemos podido localizarlas porque se mueven de un lugar a otro”. Sin embargo, indicó que “nuestra tarea es encontrarlas y hacer el contacto con sus familias; después ellas deciden qué hacer”.
Lo ocurrido en Quilino se suma a otros dos casos que conmocionaron a la opinión pública cordobesa y a las autoridades paraguayas meses atrás. Uno ocurrió en la ciudad de Inriville, al sudeste de la provincia, donde varias chicas, entre ellas una menor paraguaya, trabajaban en un cabaret regenteado por un ex policía federal. Allí, las trabajadoras sexuales estaban prisioneras, vivían bajo amenazas cotidianas y como forma de castigo las introducían en una cueva donde permanecían atadas.
El otro hecho, también muy resonante, se ventiló en marzo pasado, tuvo por escenario el barrio Pueyrredón de esta capital y por él están detenidos y procesados Gabriel Jalil, cabo de la policía de Córdoba, y otras seis personas. La instrucción promovió acción penal contra los acusados por entender que existía “asociación ilícita, promoción y facilitación de tráfico ilegal de personas y permanencia ilegal de extranjeros en territorio argentino con el fin de obtener un beneficio de la prostitución”.
Por el mismo tema, el 9 de mayo pasado, la Fiscalía Nº 2 promovió acción penal contra Ramón Arenas, por entender que esta persona habría cometido el delito encuadrado en el artículo 117 de la Ley de Migraciones 25.871: “permanencia ilegal de tres ciudadanas paraguayas que eran utilizadas para la prostitución”. A diferencia del caso que involucra al policía Jalil, “aquí no hemos podido comprobar que exista una asociación ilícita, ni tráfico de personas ni falsificación de documentos”, dijo una fuente de la Fiscalía Nº 2 a este diario.
El fiscal general de la provincia, Gustavo Vidal Lascano, le dijo a Página/12 que el negocio de la prostitución se genera en Paraguay, “donde hay una organización gigantesca que se dedica al tráfico de mujeres para luego ser explotadas sexualmente en otros países, que se potencia debido a que los controles aduaneros son muy débiles y fáciles de sortear”.