Además de Eugenio Pallarés, un operador permanente de negocios de Ciccone con cargo en la embajada de los Estados Unidos, en la representación se mueve con agilidad una de sus principales figuras para alentar la contratación de Cogent: Hugo Llorens, ministro consejero, un número dos que habla perfecto castellano.
Llorens fue uno de los que entrevistó a funcionarios del Gobierno.
Estos días no faltan las oportunidades de contacto, porque los diplomáticos norteamericanos están trabajando a toda marcha para coordinar la seguridad de la Cumbre de las Américas que debe celebrarse en noviembre en Mar del Plata con la asistencia del presidente George W. Bush.
Llorens defendió a Cogent ante funcionarios y también en reuniones con la presencia de otros empresarios, inclusive de empresas con sede en los Estados Unidos.
Mientras, Héctor Hugo Ciccone, presidente de Ciccone Calcográfica, buscó una respuesta positiva de funcionarios del Gobierno y oficiales de la Policía Federal.
Quería la contestación a la “propuesta”. Así, con comillas, figura la palabra en su carta dirigida al Gobierno el 7 de marzo.
El argumento expuesto por Ciccone al director de Policía Científica, Ramón Almirón, es que corresponde actualizar el AFIS, la sigla en inglés del Sistema de Identificación de Huellas Dactilares.
Al elogiar la sociedad con Cogent Inc., el texto redactado por Ciccone dice que “es una empresa de los Estados Unidos que entre otros proyectos llevó a cabo a partir de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 toda la identificación de personas e instalación de todos los puestos migratorios de los aeropuertos del país antes mencionado, en forma eficiente para el control de ingreso y egreso de todos los pasajeros”.
Y añade otro dato: “Su sistema fue aplicado con éxito en el referéndum realizado últimamente en la República de Venezuela”.
Un alto oficial de la Policía Federal que pidió reserva de identidad dijo que esa fuerza de seguridad recibió las propuestas y mantuvo entrevistas con empresarios y lobbyistas pero que no tomó ninguna decisión de firmar ningún contrato.
–Elevamos las sugerencias al Ministerio del Interior –fue la respuesta ante una pregunta de Página/12.
–¿El sistema actual es obsoleto?
–No. Estamos trabajando para ampliarlo de cinco millones a diez millones de fichas. Y la empresa Sagem está realizando un back-up. Ante cualquier propuesta el criterio es el mismo. Los técnicos evalúan, la Policía Federal eleva su evaluación y el Ministerio del Interior resuelve.
Un funcionario del Ejecutivo señaló a este diario que el actual jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, fue designado por el presidente Néstor Kirchner hace casi un año luego de una purga, y que por sus funciones anteriores no tuvo relación con las contrataciones originales de los servicios de Ciccone Calcográfica. “Y es verdad lo que le dijeron, porque los sistemas se pueden cambiar solo si responden a normas legales y por resolución fundada del Ministerio del Interior”, relató.
Ciccone siempre consiguió ampliar los plazos para sus negocios.
En octubre de 1999, dos meses antes de dejar el gobierno a Fernando de la Rúa, Carlos Menem prorrogó hasta el 2007 el contrato de los pasaportes con la Policía Federal.
Miguel Angel Toma era secretario de Seguridad.
El 28 de abril del 2003, justo un día después de las elecciones presidenciales, el entonces presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, elevaron el precio del pasaporte de 75 pesos a 130. Alicia Oliveira, en ese momento ombudsman porteña, dijo que “el aumento inesperado, sin participación directa o indirecta de losusuarios, que casi duplica el precio del pasaporte y que ni siquiera se condice con el costo internacional del mismo, transforma a este reajuste en ilegítimo e irrazonable”.