El equipo económico avanza hacia una renegociación de las tarifas de servicios públicos con la convicción de que no habrá una disparada que realimente la inflación. “No llegará a dos dígitos”, señaló una fuente oficial con respecto al ajuste que pagarán los usuarios en sus facturas de servicios domiciliarios, sugiriendo que habrá aumento pero menor al 10 por ciento. Incluso, en el Gobierno se ilusionan con lograr que en esta etapa la tarifa de Aguas Argentinas permanezca inalterada y el incremento en la tarifa telefónica sólo recaiga sobre el servicio internacional de larga distancia. Las empresas concesionarias recibirían otras formas de compensación por el aumento en sus costos operativos tras la devaluación. “Había que evitar el traslado a tarifas de los mayores costos no sólo por razones políticas, sino también económicas y sociales: hubiera provocado más morosidad, más usuarios colgados, etc; en definitiva, un engaño para ambas partes”, comentó una alta fuente oficial.
La comisión renegociadora de los servicios públicos elevará esta semana al ministro de Economía sus conclusiones sobre las conversaciones mantenidas con las empresas concesionarias. El próximo paso será requerirle a las prestadoras un informe sobre la incidencia que tuvo en sus costos operativos la devaluación. Dicho informe será evaluado por las autoridades, con participación de los entes reguladores, para determinar la real incidencia (“no aceptaremos a libro cerrado lo que nos reclamen”, indicó la fuente) y posteriormente iniciar una negociación sobre la forma de compensarla.
En el Gobierno analizan diferentes alternativas de compensación que eviten el ajuste de tarifas. “Postergar las obligaciones de inversión por tres o cuatro meses no es tan grave, pero es una opción sólo valida para aquellos sectores con inversiones impuestas por contrato”, se sinceró una fuente del grupo negociador. Otra posibilidad es poner sobre la mesa la deuda acumulada por el Estado nacional con las prestatarias de servicios. “Se podría proponer un cronograma de pagos que alivie la situación económica de las empresas”, sugirió la fuente oficial. También se podría echar mano al cambio de régimen de pago del IVA sobre las ventas de servicios públicos al Estado, ya que hoy las concesionarias lo deben liquidar cobren o no las facturas.
“Este es un plan de cortísimo plazo para resolver el problema de costos operativos de las empresas concesionarias, que en realidad no están tan lejos de cubrir con las tarifas actuales”, señaló un integrante del equipo económico. De allí la confianza en que habrá una solución acordada en pocas semanas, que podría implicar soluciones alternativas a un tarifazo, o un “mix” con un aumento para determinados servicios pero, para todos los casos, inferior al 10 por ciento.
En una segunda etapa, la propuesta oficial contempla encarar la renegociación de los contratos, etapa no exenta de nuevos ajustes de tarifas. “Muchas de las condiciones previstas en los contratos ya han caído, otras es imprescindible revisarlas”, señaló la fuente. “Por ejemplo, el precio del gas en boca de pozo es libre, pero habrá que admitir que no es un precio de competencia, y eso distorsiona el resto de la cadena hasta llegar a la tarifa del gas natural domiciliario”, citó el representante del equipo económico. “Hay varias hipótesis de trabajo sobre cómo se fijará en el futuro ese precio, incluso hay quienes sostienen mantener el régimen tal como está hoy”, señaló.
En Economía dan por descontado que deberán pedir una ampliación del plazo de 180 días previsto en la Ley de Emergencia (dictada a fines de enero) para renegociar los contratos. En tanto, con los representantes del Congreso hay un principio de acuerdo para resolver los ajustes de la primera etapa sin aval parlamentario y elevar las conclusiones de la segunda etapa (renegociación de contratos y tarifas) para un tratamiento rápido en ambas cámaras. “Acordamos una suerte de fast track, o se aprueba o se rechaza todo en bloque”, señaló la fuente del equipo económico.
A lo largo de este año y el próximo habría ajustes sucesivos de tarifas, que en ningún caso llegarían a compensar el aumento del tipo de cambio. “De la dolarización de tarifas hay que olvidarse, pero los usuarios pagarán parte del ajuste y otra parte de los mayores costos operativos los irá compensando el Estado; de ahí hasta las tarifas que hubieran resultado de mantenerlas en dólares, es la rentabilidad que deberán resignar las concesionarias”, resumió la fuente oficial.