El ex jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Alberto Rousse, quedó detenido tras ser indagado por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas cometidos en el centro de detención conocido como Puesto Vasco. Por su edad –tiene 72 años– fue beneficiado con el arresto domiciliario. La disposición no es nueva, de ella goza un gran número de represores. Sin embargo, el beneficio esta vez no se detuvo ahí. Los organismos de derechos humanos denunciaron que el ex comisario, a pesar del arresto, ni siquiera tiene custodia domiciliaria. “Llegó al tribunal, habló, le pidieron arresto y se fue en taxi. Nosotros entendemos lo que dispone la Justicia, pero esto ya es demasiado”, apuntó Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos.
Rousse se presentó en los Tribunales de La Plata luego de que el juez Arnaldo Corazza ordenó su detención en el marco de la “Causa Camps II”, reabierta este año tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. La medida del magistrado respondió puntualmente a delitos a los que aparece vinculado por su paso por Puesto Vasco, aunque aparece involucrado en varios otros casos, entre ellos el secuestro de Adriana Calvo. Según pudo confirmarse, fue el propio Rousse el que le pasó datos a Julio César Calvo sobre el lugar dónde estaba Adriana.
En su presentación, el ex comisario se defendió asegurando que en 1977 estaba asignado en una comisaría de Tigre. Sin embargo, el testimonio de varios represores confirmó que ocupaba el segundo cargo de la Dirección de Investigaciones de la Bonaerense, que presidía el represor Miguel Etchecolatz. Ahora, el juez tiene diez días para expedirse sobre el procesamiento y determinar si lo procesa por los cargos de privación ilegal de la libertad y torturas. Por su parte, los organismos de derechos humanos que actúan como querellantes en la causa evalúan hacer una presentación ante el juzgado exigiendo conocer las razones por las que
no dispone de custodia domiciliaria, algo que le permite moverse libremente sin necesidad de cumplir la disposición judicial.