La muerte de tres decenas de reclusos en una de las tres unidades penitenciarias de Magdalena es consecuencia directa y previsible de la política decidida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Felipe Carlos Solá, el ministro de justicia Eduardo Di Rocco y el subsecretario de Políticas Penitenciarias, Carlos Rotundo, en cuyas cuarenta cárceles provinciales la vida y la integridad humana no valen nada. El torpe intento por culpar a las víctimas, como si ellos no fueran garantes de la vida de las personas bajo su custodia, revela la confianza que tienen en que no les pedirán cuentas un Poder Judicial cómplice y una amplia porción de la sociedad adormecida. La Comisión Provincial por la Memoria, que copresiden Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, y otros organismos defensores de los derechos humanos se han cansado de denunciar la situación aberrante que se vive en las cárceles y comisarías bonaerenses, atestadas por 30.000 detenidos, de los cuales según la propia información oficial se sabe que por lo menos 6000 serán declarados inocentes cuando termine el procedimiento judicial por el cual están privados de su libertad.
Apenas un día antes del motín, el Comité contra la Tortura creado por la Comisión por la Memoria para documentar esa situación presentó un recurso de hábeas corpus luego de una visita a otra de las cárceles de Magdalena. Sus abogados comprobaron que las condiciones de alojamiento en el Pabellón 6 de la Unidad Nº 28 se corresponden con las de un campo de concentración como los descritos por Primo Levy.
El jueves los abogados del Comité contra la Tortura Roberto Cipriano García, Julia Tomeo, e Inés Jaureguiberry llegaron a Magdalena para una inspección a raíz de denuncias recibidas. El director y subdirector de la cárcel, Daniel Oscar Tejeda y Néstor Lemos, no permitieron el ingreso de la cámara con la que se proponían documentar lo que vieran. Tanto Solá como Di Rocco habían comunicado a Laura Conte y otros miembros de la Comisión que la veda no regía para ese organismo, creado por una ley provincial. Pero Rotundo desconoció la autorización concedida de palabra por sus jefes. Pese a ello el Comité contra la Tortura ingresó a la cárcel, donde constató que el pasillo del pabellón estaba inundado y que en el agua flotaban fideos y otros restos de alimentos. Ese líquido inmundo ingresaba a las celdas pese a que los presos colocaban frazadas debajo de la puerta para impedirlo. A ello “debe sumarse que en algunas de ellas hay tres detenidos que deben turnarse para dormir o hacerlo en el suelo. Tocamos varios colchones que al escurrirlos chorreaban agua al igual que las frazadas”, dice el hábeas corpus que presentaron el viernes. La mayoría de los internos carece de atención médica, no sólo los que contraen infecciones por esa situación sino incluso aquellos heridos por balas de goma el domingo pasado, cuando personal penitenciario ingresó al pabellón, disparando indiscriminadamente y a quemarropa por una reyerta entre presos. Desde el lunes 10 los presos estaban en huelga de hambre para reclamar, sin que les prestaran la menor atención pero los directivos penitenciarios dijeron que no estaban al tanto.
El número de muertes en cárceles bonaerenses se duplicó y el de muertes violentas se triplicó bajo la actual administración. Antes del sábado no se había producido un episodio tan conmocionante. La diferencia con los motines en las cárceles de Córdoba y Santa Fe era su carácter cotidiano, no excepcional, que anestesia las conciencias de quienes prefieren ignorar esos horrores. Los métodos son siempre los mismos: las facas caseras, las rivalidades entre grupos, las drogas, el fuego, administrados por las autoridades a cargo, en lo que la Comisión Provincial por la Memoria llamó “una verdadera política de exterminio”. El remedio sólo puede provenir de los poderes federales, que son responsables ante la comunidad internacional, porque es ostensible que ninguno de los tres provinciales quiere o puede poner remedio a este cuadro de espanto. Ya sea por el bloqueo que ejercen unos sobre otros como consecuencia de las pugnas políticas o por la profunda indiferencia que todos ellos sienten por el sufrimiento ajeno, ni siquiera son capaces de pensar que estas aberraciones intramuros se derraman luego sobre el conjunto de la sociedad, generalizando el desprecio por la vida y elevando los niveles de violencia de cualquier conflicto. En marzo, al cumplirse 30 años del último golpe de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Buenos Aires. Será una forma de reconocimiento a todo aquello que el gobierno nacional ha hecho para acabar con la impunidad de los más graves crímenes de la dictadura. Pero cada día que pase será más difícil disimular la brutal contradicción entre esa decisión y la complacencia bonaerense con los episodios de excepcional gravedad que ocurren en las ESMAS de Solá.