Mar 18.10.2005

EL PAíS • SUBNOTA  › OPINION

Profilaxis social

› Por Horacio Verbitsky

La reacción del gobierno bonaerense ante la espantosa muerte por asfixia de tres decenas de personas alojadas bajo su responsabilidad en una de las cárceles de Magdalena confirma su profunda indiferencia por la vida de esos seres humanos. También el gobernador Felipe Solo se mantuvo alejado del lugar de la tragedia y sus directivas se encaminaron a evitar costos personales o electorales. No los habrá, porque tampoco el resto de las fuerzas políticas que compiten por la representación popular ha mostrado algún interés por la suerte de esos seres humanos. La única excepción es una diputada provincial del partido del ex comisario torturador, sobre cuyas motivaciones hay motivos para dudar. Pero ninguno de los principales candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, ni las figuras nacionales de sus respectivos partidos con aspiraciones presidenciales, se acercaron a Magdalena ni incluyeron lo sucedido en sus discursos de campaña. Como le dijo una madre a Ibarra en la Legislatura cuando se discutía sobre Cromañón, lo mismo podría haber pasado bajo otro gobierno. Ibarra, Solo, son apenas anécdotas. Hay preguntas más trascendentes que hacerse.
¿Por qué a las 30.000 personas recluidas en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires es posible hacerles cualquier cosa sin que funcionen los reflejos defensivos elementales del resto de la sociedad humana? El relato de sus condiciones de vida que surge de actas y recursos judiciales desesperaría a cualquier persona sensible y decente si antes no se hubiera efectuado un complejo proceso intelectual y afectivo que las despojó de su calidad humana. A partir de lo cual todo es posible. Ocurrió bajo el nazismo con los judíos, durante la dictadura con los militantes políticos, ahora con esa población carcelaria constituida en su mayoría por hombres, jóvenes y pobres. Lo único que cambia es el estigma que los cosifica, que permite infligirles cualquier penuria sin perder el sueño, el apetito, el deseo sexual, la vocación de poder, la buena conciencia, la autoestima. El discurso deshumanizante equipara a los judíos, a los zurdos o subversivos, y ahora a los negros chorros, con escoria, con animales, enemigos de la humanidad que deben ser exterminados para que las personas decentes duerman tranquilas. Hitler y Videla lo pregonaban, Solo lo ejecuta en silencio pero con no menos deliberación.
El mejor ejemplo reciente de esa brutal actitud está en la acusación de Juan Carlos Blumberg a quienes defienden “los derechos humanos de los delincuentes”. Pero el empresario textil hablaba bajo el efecto de la emoción violenta causada por el asesinato de su hijo. Merece perdón, porque no sabe lo que dice y tiene derecho a ello después de lo que le pasó. Mucho peor es la reacción de los gobernantes, elegidos para defender un interés general de la sociedad. El silencio cobarde del gobernador puso en primer plano a su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, quien acusó a las víctimas, excusó a la fuerza bajo sus órdenes y prometió una investigación independiente. ¿Cómo independiente? Porque no la realizará el Servicio Penitenciario Bonaerense sino su ministerio de justicia. Sutil manera de excluirse de cualquier responsabilidad antes de que comiencen las actuaciones. Junto a él se presentó el titular de la denominada “secretaría de derechos humanos” de la provincia de Buenos Aires, Remo Carlotto, quien ofreció asistencia psicológica a los familiares de las víctimas. Son más hábiles que Videla, Massera & Cia, que también perseguían a los familiares. ¿Creerán que ésa es la diferencia entre dictadura y democracia? Independiente quiere decir independiente de Solo, independiente de Di Rocco, independiente de Carlotto. Lo que los familiares necesitan no es asistencia psicológica, sino respeto, que estos petimetres no se burlen de ellos mientras están llorando a sus padres, hijos, novios, hermanos.
Hoy el jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, recibirá a Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel y Laura Conte, de la Comisión Provincial porla Memoria, que viene avisando sin ser escuchada del plan de exterminio en curso en los campos de concentración bonaerenses. El gobierno nacional debe tomar nota de lo que allí ocurre, porque suya será la responsabilidad ante los organismos internacionales si no detiene a tiempo la mano criminal.

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