El plenario de consejeros tiene previsto tratar este jueves la modificación al régimen de acceso público a las declaraciones juradas de los jueces, por ahora en custodia de la Corte. Actualmente es prácticamente imposible conocer lo que tiene un juez. El proyecto que debatiría el Consejo de la Magistratura tampoco cambiaría mucho el panorama si queda tal como lo redactó la Comisión de Reglamentación. Quien quiera saber cuál es el patrimonio de un magistrado tendrá que hacer su pedido por escrito, la administración notificará al juez y al cabo de tres o cinco días le avisará al interesado si le entrega o le niega la información. El margen para rechazar la petición es grande, porque las razones no aparecen claramente definidas. Bastará, dice, “una decisión fundada”. Se puede apelar y la última palabra la tendrá el cuerpo de consejeros. El trámite puede llegar a durar un mes o más. El acceso será directo sólo si la solicitud viene de la Justicia, el Consejo o el Congreso. No está claro que requisitos habrá para que los jueces cumplan con declarar sus bienes una vez al año ni qué pasará con los incumplidores.