Por H. V.

El fallo de la Cámara de Casación que devolvió los huesos de Omar Chaban a un alojamiento estatal es más astuto de lo que podía presumirse. Sobre todo el voto de Eduardo Rafael Riggi (ex secretario en la Cámara Federal en lo Penal, conocida como El Camarón, creada en 1971 para juzgar en todo el país delitos políticos, creado juez por Jorge Videla y operador judicial de Rodolfo Barra) se cuida de citar con abundancia resoluciones de la Corte Suprema y del sistema interamericano de protección a los derechos humanos y no incurre en ningún cuestionamiento teórico del derecho a la libertad antes de una condena. Igual que su colega Guillermo José Tragant (ex camarista de Lomas de Zamora absuelto por duda en una causa por la excarcelación mediante dádivas a un comisario que traficaba cosas pesadas) se limita a debatir si hay riesgo de fuga de Chabán durante el proceso. Pese a estos cuidados, el voto de Angela Ledesma (una de las responsables intelectuales del sistema penal bonaerense e integrante del primer equipo de León Arslanian en la provincia) puso en evidencia un cambio de criterio.
La Casación rechazó con insistencia intervenir en casos no federales, cuando quien recurría era una persona privada de su libertad, pero acepta hacerlo a pedido del fiscal que cuestiona la libertad de un procesado, es decir lo contrario de aquello que indica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La libertad es un derecho de cada persona tutelado por la Constitución y para privarla de ella deben reunirse una serie de requisitos precisos. En cambio encarcelar a alguien no es un derecho constitucional del Ministerio Público que lo habilite a reclamar ante esta instancia. Jorge Casanovas (un ex compañero político, intelectual y judicial de Riggi y Tragant) está promoviendo en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra María Laura Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone por el fallo que ahora se revocó. No ha recibido gran ayuda con la nueva resolución, porque queda claro que se trata de una cuestión opinable. Pero se sigue soslayando el debate de fondo sobre el uso de la prisión preventiva como ersatz del debido proceso y la pena. El pabellón quemado en la cárcel de Magdalena alojaba a un 95 por ciento de procesados sin condena y según las propias estadísticas oficiales, el 30 por ciento serán absueltos. De este modo se podrá seguir confundiendo debido proceso con impunidad, encarcelamiento de inocentes con justicia y discrecionalidad del poder administrador con derecho.