Luis Patti, el eléctrico, huraño líder de una corriente alterna del justicialismo bonaerense, tendrá parte de su merecido hoy en Diputados. Como le ocurriera al (también) represor Antonio Domingo Bussi, la Cámara se negará a tomarle juramento por su participación en crímenes de lesa humanidad.
El proyecto respectivo comenzó siendo una quijotada del diputado Miguel Bonasso. Fue cobrando vuelo y fue recogida por el Frente para la Victoria. Los diputados entrantes Alberto Balestrini (quien presidirá Diputados desde el 10 de diciembre) y el flamante titular del bloque oficialista, Agustín “Chivo” Rossi, consultaron con sus compañeros de bancada y con las autoridades de los bloques opositores, registrando un amplísimo consenso. Tanto que la propuesta será acompañada en el recinto por las bancadas del ARI, la UCR y hasta la del PRO. Allegados a las autoridades de la Cámara y del bloque aseguraron a este diario que no hubo directiva del Ejecutivo ni a favor ni en contra de la movida. Es claro que leyeron ese silencio como un aval implícito.
La potestad que utilizará la Cámara está consagrada por la Constitución nacional en su artículo 64, que la convierte en “juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros”. Como suele ocurrir en derecho, esta facultad entra en tensión (y hasta puede colisionar) con el principio de soberanía del pueblo, consustancial a nuestro sistema político. Por ese motivo, debe considerarse que la regla general es la convalidación de los legisladores electos y que las restricciones sólo pueden resolverse en casos excepcionales. Lo que se resolverá hoy es que los crímenes de lesa humanidad son uno de esos supuestos de excepción, un criterio emparentado con los avances legales y jurisprudenciales de los últimos años. El punto sigue siendo discutible y no cabe duda de que Patti reclamará respeto por el pronunciamiento de quienes lo votaron. Tiene sobrado derecho a defenderse. Aunque el ex policía nunca lo haya creído, los derechos constitucionales rigen para todos. Serán la sociedad, el Parlamento y la Justicia los que tengan la última palabra. Se abrirá un trámite largo y contradictorio, mucho menos sumario que la “patada en el trasero”, el método que (con un encantador eufemismo) propone Patti para catalizar la acción de la Justicia.
El PRO reclamó igual trato para el tránsfuga Eduardo Lorenzo, pero éste sí prestará juramento pues los otros bloques no acompañan el planteo. “Borocotó”, de todos modos, no quedará exento del escrutinio de sus pares porque el pleno de la Cámara examinará su conducta y determinará en definitiva. Aunque las huestes de Mauricio Macri quieran emparejar la catadura del violador de derechos humanos con la del impresentable Lorenzo, los demás bloques prefieren con buen tino diferenciar las situaciones. Un político de baja estofa no es lo mismo que un criminal, sencillamente.
Seguramente, “Borocotó” terminará zafando porque prima el criterio de que las bancas no pertenecen a los partidos sino a los diputados electos. Muchos diputados, con mandato vigente o cumplido, han hecho de ese criterio una praxis repetida, los cambios de pertenencia han sido una constante en la vida política de los últimos años. También es cierto que Lorenzo batió todos los records.
Pero volvamos a Patti. La adhesión de las fuerzas que cosecharon más votos a nivel nacional el pasado 23 de octubre a la propuesta de ese tenaz luchador que es Bonasso revela una tendencia de época. El repudio a las violaciones de derechos humanos, que fuera emblema de minorías consistentes durante añares, ha devenido un valor mayoritario, que hasta la honran fuerzas de derecha de escasos pergaminos.
Hoy es una bandera que no pueden arriar, sin pagar severos costos, aquellos que bregan por apoyos masivos en las urnas.