Finalmente hoy se conocerá la sentencia en el juicio por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. A más de tres años y medio de la masacre de Avellaneda, en los Tribunales de Lomas de Zamora se podrá escuchar el veredicto contra los principales acusados en la causa, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, Alejandro Acosta. Todo parece indicar que el panorama no les pinta bien. Si llega a prosperar el pedido de la fiscalía, a ambos les corresponderán 25 años de prisión. Mientras tanto, para esperar el fallo, los movimientos piqueteros instalaron ya sus carpas en la entrada del juzgado con el reclamo que vienen sosteniendo desde el comienzo del proceso: que las investigaciones no se detengan solamente en los autores materiales y que se avance sobre las responsabilidades políticas de la represión en el Puente Pueyrredón.

El gran ausente de la jornada será el propio Fanchiotti, a quien el tribunal autorizó a no presenciar la audiencia. Quienes sí estarán serán Acosta y los otro cinco policías acusados de encubrimiento agravado, para los que el fiscal Bernardo Schell solicitó una pena de entre tres y cuatro años. Además de ellos, bajo ese cargo, está imputado Celestino Robledo, quien participó como civil en la represión y que podría ser sentenciado a diez meses de prisión y veinte de inhabilitación para ejercer cargos públicos por usurpación de títulos y honores.

Tal vez la situación más incierta es la del ex comisario Félix Vega, entonces titular de la Departamental de Lomas de Zamora, sobre quien pesa un pedido realizado por la querella para dejar en suspenso su condena. La presentación se fundamentó en el cargo que ocupaba Vega al momento de los incidentes, por encima de Fanchiotti, por lo que algunos de los abogados entienden que debe ser procesado por “homicidio a título de imprudencia” y no por encubrimiento.

Una de las cuestiones que más expectativa genera es si el juicio dejará abierta alguna puerta para subir sobre la cadena de mandos que operó ese día. Se trata del reclamo que vienen repitiendo tanto los familiares de las víctimas como las organizaciones piqueteras, que piden que se investigue la responsabilidad que tuvieron los funcionarios del gobierno de Duhalde en una represión que, además de dos muertos, dejó 33 heridos de bala. De acuerdo con la opinión de los abogados de la querella, varios de los testimonios que se escucharon en Lomas de Zamora permitirán avanzar en esta dirección. Entre ellos cabe destacar la declaración del ex titular de la SIDE Carlos Soria, quien reveló que el operativo debía “ser un caso testigo, destinado a recomponer la autoridad del Estado”.

Tal como hicieron al comienzo del juicio, las agrupaciones de desocupados comenzaron desde ayer con una agenda de actividades. Con las carpas ya instaladas en el cruce de Larroque y Camino Negro, el Frente Popular Darío Santillán organizó varias muestras artísticas. Para hoy está prevista una movilización que partirá con dos columnas desde las estaciones de Banfield y Avellaneda. La marcha cerrará con un acto frente a los Tribunales, en el que se leerá una solicitada firmada por un centenar de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. “Ante la certeza de que este juicio estuvo acotado sólo a las responsabilidades materiales, acompañamos el pedido de que se siga adelante con las investigaciones sobre la cadena de mandos de la policía, así como sobre las responsabilidades penales de los funcionarios políticos del gobierno de Duhalde vinculados a los hechos. Sólo habrá verdadera justicia cuando los objetivos por los que luchaban Darío y Maximiliano sean alcanzados: trabajo y un cambio social”, es uno de los mensajes del documento con el que se buscó resumir el espíritu que enmarcará la lectura del fallo.

Informe: Carolina Keve.