Aunque el viceministro de Seguridad Martín Arias Duval cree que aún la Policía Bonaerense se encuentra en una etapa de transición hacia el combate del narcotráfico barrial, reconoce en esta entrevista con Página/12 que debería concentrar sus esfuerzos en los vendedores y no en los consumidores. “Es razonable la inconstitucionalidad” de la penalización del consumo personal, opina.

–¿Por qué cree que no se ha perseguido aún a los que venden la droga?

–En general, hasta ahora, los jueces federales le daban instrucciones a la policía de trabajar exclusivamente el tráfico a gran escala y no el pequeño comerciante. Se pretendía grandes secuestros, lavado de dinero, narcoterrorismo. Es de público conocimiento que han sido muy pocos, y muchos han terminado en los tribunales con nulidades. La provincia, al adherir a la ley 23.737, lo que hizo es multiplicar los organismos jurisdiccionales en la materia, con competencia acotada, no para el gran tráfico sino con el de menor escala.

–En la Justicia bonaerense se quejan de la ley.

–Creo que en el Poder Judicial bonaerense no ha caído del todo bien: es el temor a la congestión en cuanto a la cantidad de causas. Para evitar esto, el Poder Judicial puede hacer uso del “principio de oportunidad reglado”. Hay una reforma del año pasado en el Código Penal que introduce este principio que permite a los fiscales optar por la tramitación de causas de mayor envergadura y buscarles soluciones alternativas a las causas menores. Se pueden concentrar los esfuerzos en el tráfico menor y no en la tenencia para el consumo.

–¿Preveían ustedes que los jueces de garantías declararían inconstitucional la penalización del consumo en la provincia?

–Por lo menos por mi parte no fue considerado. No me preocupa en lo más mínimo. Me parece que jurisprudencialmente se pueden establecer criterios como los de la Nación en el caso Bazterrica, que en 1986 consideró esto mismo. Siempre que no se afecte la salud pública y el consumo quede en la esfera privada de la persona, es razonable la inconstitucionalidad, que rige en los casos concretos hasta que la cuestión sea resuelta en la provincia por el Tribunal de Casación. Por eso creo que con una jurisprudencia clara y con instrucciones claras nuestras, y con la experiencia que la Policía Bonaerense acumule se irá definiendo la aplicación de la ley.

–Usted entonces no cree que haya que perseguir el consumo...

–Creo que en lo que tiene que concentrarse el esfuerzo es en el tráfico de los kioscos, fundamentalmente los de paco y los de cocaína en los barrios. Debe apuntarse a los dealers, los punteros que venden droga en los boliches, en las esquinas de los colegios, en los clubes. Con una línea jurisprudencial clara en el sentido de si es punible o no el consumo, evitaríamos el congestionamiento de los tribunales, y sería más fácil orientar el trabajo de la policía.

–En varias zonas de alto tráfico de pasta base los vecinos aseguran que la policía protege a los vendedores y no hubo allanamientos.

–Creamos la Dirección General de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Droga y estamos abriendo en todos los departamentos judiciales subdelegaciones. Respecto de las supuestas protecciones tenemos un área de asuntos internos que está funcionando bien. Está gestionada por autoridades civiles que no se prestan a actitudes corporativas.

–¿Qué debe hacer ahora un vecino para denunciar?

–Hay una línea 0800 donde Asuntos Internos recibe denuncias y no es necesario que quien hace la denuncia se identifique. En muchos casos hemos logrado exoneraciones. Además, se trabaja desde los Foros de Seguridad, que es una herramienta que se creó para este tipo de situaciones. Lo cierto es que hay un problema que es más de fondo, porque la gran mayoría de la gente que vende paco está financiando su propio consumo. La respuesta represiva no puede ser la única. Hay que hacer un abordaje más interdisciplinario, sobre todo con la cuestión del paco.