El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, respondió las objeciones de Human Rights Watch al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura al sostener que las acciones del Gobierno para renovar el sistema de Justicia alejan la posibilidad del oficialismo de socavar la “independencia” del Poder Judicial. “En ningún momento la norma diferencia entre ‘sectores’ o ‘estratos’ políticos y no políticos”, detalló el jefe de Gabinete en una misiva al director ejecutivo de la asociación de derechos humanos, José Miguel Vivanco, para concluir que “lo que la regla constitucional impone es mantener equilibrada la relación de fuerzas entre quienes son elegidos popularmente y quienes no lo son”. Fernández, incluso, citó una intervención de Elisa Carrió cuando se debatió la ley del Consejo de la Magistratura en 1997: “Desde el punto de vista ideológico, no tengo dudas en optar por una legitimidad democrática y dinámica que responda al pueblo, frente a una legitimidad marcadamente corporativa que responda a los intereses de los abogados y de la familia judicial”, recordó el funcionario que planteó la líder del ARI.