El caso del Banco Río abrió una fuerte polémica entre una parte de los jueces de San Isidro y el ministro de Seguridad León Arslanian. Este se quejó de la valoración de la prueba que hizo el juez Rafael Sal Lari y que lo llevó a rechazar tres veces la orden de detención contra Gastón de la Torre. Arslanian insistió, en términos más bien teóricos, en la necesidad de que el magistrado aplicara el sentido común y exhiba colaboración con la pesquisa. Una corriente de los jueces de San Isidro reclamó una declaración del Consejo de Magistrados de ese departamento judicial pronunciándose contra lo que consideraron una intromisión del poder político en las decisiones judiciales. Se esbozó incluso un texto que iba a ser publicado como solicitada el viernes o sábado pasados. Sin embargo, existe una mayoría de jueces que no está de acuerdo con las decisiones de Sal Lari y cree que actúa en forma caprichosa, sin sentido común. Por ello, no hubo consenso para el texto que, sin embargo, sigue discutiéndose. Por un lado, se dice que Arslanian no debería opinar sobre resoluciones judiciales ya que no ejerce actualmente como abogado ni es un ciudadano común sino un ministro, y sus opiniones ejercen una presión objetiva sobre el magistrado que actúa en ese expediente. Del otro lado están los que afirman que la óptica del ministro se corresponde con el sentido común, y que la sociedad en general, no ve con buenos ojos las demoras y los rechazos a órdenes de detención que tienen sustento. Es posible que el debate continúe en esta semana en la que, seguramente, no faltarán nuevos choques.