El juicio político iniciado a la suspendida jueza Emilia García, quien colaboró en el reciclaje de bienes robados a las personas detenidas-desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, abre la puerta para su procesamiento, solicitado por el juez federal Sergio Torres. Pero la destitución requeriría los dos tercios del Jurado de enjuiciamiento, donde los magistrados tienden al emblocamiento corporativo en defensa de sus colegas. Con el pretexto de la denominada guerra contra la subversión, el ex dictador Emilio Massera y sus cómplices obligaron a las personas secuestradas en la ESMA a firmar documentos de cesión de sus bienes. Una vez que entregaron todo lo que tenían muchos de ellos fueron asesinados. La causa por privación ilegal de la libertad, extorsión y asociación ilícita incluye al hijo del ex dictador, Eduardo Enrique Massera, y a varios oficiales del grupo de tareas de la ESMA. La banda vendió y revendió 26 hectáreas en Mendoza a una serie de sociedades integradas por personas inexistentes que usaron documentos falsos, con la clásica técnica del lavado de dinero originado en actividades delictivas. Luego de una serie de transacciones ficticias fueron inscriptas a favor de otra compañía, esta vez integrada por personas muy reales, como el hijo y un hermano de Massera. Una de las firmas notariales que protocolizaron esas maniobras fue la de la jueza García.

Además de los crímenes y latrocinios del pasado la investigación también deberá establecer si el producto de los bienes saqueados forma parte del capital con que operan las empresas que conduce el hijo del ex dictador. El Grupo Puente, que las reúne, incluye una sociedad de bolsa, una consultora, una administradora de inversiones y un portal de inversiones financieras on line. La sociedad de bolsa, con oficinas en Buenos Aires y Montevideo, fue fundada en 1915. Según el diario La Nación, Puente Hermanos es el agente financiero de la provincia de Formosa, cuyo gobernador, Gildo Insfrán, estaría interesado en venderle el 48 por ciento del banco de la provincia. Insfrán fue miembro de la organización Guardia de Hierro, que durante la dictadura operó dentro del dispositivo de Massera. Puente Hermanos fue mencionada con tres transacciones sospechosas en uno de los anexos del informe de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero que presidió Elisa Carrió. Además la UIF denunció a Puente por operaciones sospechosas, que también investiga Torres. No obstante, ha iniciado un trámite ante el Banco Central para convertirse en banco, con el apoyo de uno de los directores designados en la última renovación del Banco Central, desentendido o ignorante de la suspensión de la jueza García por su actividad en los negocios de rapiña de los Massera. Quienes figuran como accionistas principales son Ricardo Tomasevich, Federico Tomasevich y el ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo, mientras Massera (h.) aparece como vicepresidente. Además de los bienes, también se reciclan las viejas relaciones familiares y políticas: el 14 de agosto de 1997, Eduardo Enrique Massera transfirió a través del Banco Comafi 53.349 dólares a la orden de Mauricio Gelli, el hijo de Licio Gelli, de cuya Logia Propaganda 2 formaba parte el ex almirante argentino.