El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, llevó a la reunión de ministros del Mercosur una queja por los cortes de ruta contra las papeleras. Ante sus pares de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela dijo que Uruguay sufrió pérdidas por 500 millones de dólares debido a los bloqueos al puente internacional Fray Bentos-Puerto Unzué, y expuso un informe con el detalle de estos daños económicos. Sus palabras apuntaron a regionalizar el conflicto; sin embargo, no consiguieron respaldo y fueron frenadas por la reacción del representante Brasil.

Los cancilleres se reunieron aquí, en el edificio del Palacio San Martín, para tratar los temas de la próxima cumbre de presidentes que se realizará en Córdoba. Pero Gargano intercaló en el temario el diferendo por Botnia y Ence. Habló a sus pares de las consecuencias que provocarían nuevas protestas ambientalistas en los pasos fronterizos. Esbozó así el reclamo de que el gobierno argentino intervenga para desalojar a los vecinos de Gualeguaychú si vuelven a cortar el tránsito. El planteo fue el punto más ríspido del encuentro realizado en Buenos Aires.

“Es un problema bilateral”, intervino el ministro de Relaciones de Exteriores de Lula, Celso Amorim, para cortarlo. El uruguayo insistió con el argumento de que la libre circulación de personas y bienes entre los países del Mercosur hace al bloque regional. Amorim repuso que el problema ya está encaminado en el tribunal arbitral, por lo que la reunión de ministros no era el ámbito para discutirlo.

Gargano fue el único de los cinco que, terminado el encuentro, no participó de la conferencia de prensa. Debió retirarse antes porque tenía un boleto de avión de regreso a Montevideo para las 19.10. Así, no pudo tener con la prensa más que un diálogo rápido al abandonar el edificio, en el que dijo que “no hubo respuesta argentina” a su reclamo.

El contenido de la queja no es nuevo. Uruguay ya ha planteado en el bloque un reclamo por estos daños en el largo conflicto por la instalación de Botnia y Ence. La ofensiva de ayer ante la posibilidad de nuevos bloqueos se origina en que la asamblea ambientalista de Gualeguaychú amenazó con retomar las protestas si la Corte Internacional de La Haya no frena la construcción de las pasteras.

Del encuentro participaron, además del anfitrión, Jorge Taiana, del canciller uruguayo y del brasileño, la ministra paraguaya Leila Rachid, el venezolano Alí Rodríguez y Carlos “Chacho” Alvarez, presidente de la comisión de representantes permanentes del Mercosur.

En la conferencia de prensa, Taiana minimizó el peso de la presentación del informe uruguayo en la reunión y remarcó que “el conflicto se está tratando en el ámbito jurídico”. Pero no fue esta declaración sino la de Celso Amorim la que dejaría en claro que los miembros del bloque entienden que el pleito hasta el momento tiene connotaciones bilaterales.

“El aspecto ambiental es un tema bilateral”, sostuvo el canciller de Brasil, “aunque nosotros entendemos que hay potencialmente un aspecto que hace al Mercosur, que es el comercial y que tiene sus canales para ser resuelto. Brasil sigue el tema con expectativa y desea que se encuentre una solución, que ambos países hablen, porque involucra a parte de nuestra familia”.

Gargano había viajado a Buenos Aires con instrucciones específicas de obtener una declaración de los representantes de Brasil y Paraguay acerca de la ilegalidad de los cortes de ruta como protesta por la instalación de las plantas de celulosa. Ahora, el tema quedará circunscripto al tribunal arbitral del Mercosur, cuya integración debe resolverse en estos días.

El tribunal deberá decidir si los bloqueos de los puentes violaron el Tratado de Asunción, cuyo primer punto garantiza la libre circulación de personas y bienes entre los países del Mercosur. Conformado especialmente para tratar la denuncia uruguaya, el proceso está recién en sus inicios.Ayer, la Argentina objetó el proceso de designación del presidente del tribunal, el boliviano Gustavo Fernández. Ex ministro de Relaciones Exteriores de su país, el funcionario fue elegido entre once candidatos propuestos por los integrantes del Mercosur. Como su suplente fue escogido el español Luis Martí Mingarro, que probablemente lo reemplace porque Fernández (amén de ser impugnado) renunció.

Los árbitros se reunirán en una fecha aún por concretar en Asunción y su fallo será inapelable. En caso de que otorguen la razón a Uruguay, el gobierno de Vázquez tendrá el camino libre para comenzar un juicio contra la Argentina por daños económicos. Aunque no hay plazos previstos, se da por descontado que el tribunal del Mercosur dará a conocer su postura en un plazo breve, de menos de dos meses.