En el Chaco hay tres pueblos originarios: toba, wichí y mocoví. Cifras oficiales cuentan 60 mil indígenas, pero en las comunidades aseguran que son muchos más. Frente a la Plaza 25 de Mayo, en la calle Frondizi número 89, hay un estrecho pasillo que lleva a tres oficinas blancas de paredes descascaradas. Es la sede del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) -interlocutor del Gobierno en el conflicto–. Todas las organizaciones que trabajan con indígenas, y los propios pobladores originarios, reconocen que el Idach siempre estuvo más al servicio del gobernador de turno que de los aborígenes. Pero en diciembre pasado fue electo, por votación indígena, un nuevo directorio; entre quienes sobresalen Orlando Charole y Egidio Díaz, tobas de reconocida trayectoria combativa en sus comunidades.

“Este es un conflicto racial que puede estallar en cualquier momento”, había advertido Charole durante la primera jornada, el 6 de junio último. Durante la marcha por la ciudad, el miércoles pasado, remarcó otros tres puntos consensuados con el colectivo de organizaciones que mantienen el acampe: “Hasta que el gobernador no reciba a todos los delegados, no hay negociación posible. La entrega irregular de tierra es el problema más urgente y complejo. Seguiremos en la plaza hasta que haya respuestas”.

Desde la Unión Campesina, entidad conformada por indígenas y campesinos criollos que están en la plaza, recuerdan que “nunca un conflicto indígena se había provincializado de esta forma, tan fuerte”, y subrayan que la cuestión de fondo es “el derecho, y la posesión, a la tierra”.

Las comunidades indígenas redactaron un documento con nueve reclamos, entre los que se destacan: renuncia del intendente Heffner, mayor presupuesto para el Idach, educación bilingüe e intercultural, vivienda, salud, no discriminación y, el punto central y más problemático, la propiedad de la tierra, problemática tan antigua como los mismos pueblos originarios. Pero que, en el Norte argentino, se agravó en la década del ‘90, cuando las compañías de agronegocios desarrollaron productos viables de ser sembrados en lugares hasta entonces adversos por el calor, la falta de agua y el tipo de suelo. Entonces comenzó la fiebre de soja y la necesidad de hacerse de esas tierras, a cualquier precio.

Desde el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco –un colectivo donde participan medio centenar de organizaciones sociales, muchas de las cuales están en el acampe– aseguran que “en 1995 existían en el Chaco 3,9 millones de hectáreas fiscales. Hoy sólo quedan 660 mil”. Según la Constitución provincial, esas tierras debieron ser asignadas a ocupantes tradicionales (aborígenes o criollos campesinos) para usos familiares, pero fueron vendidas a empresarios madereros y sojeros. De acuerdo con la misma fuente, en los últimos diez años desaparecieron entre el 30 y 60 por ciento del bosque nativo, según la zona. Un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, realizado en el 2004, ya alertaba sobre los desmontes por el “avance de la frontera agrícola (plantaciones de soja) y la tala indiscriminada”. En lo que respecta al Chaco, el relevamiento señala que en 1935 existían 82 mil kilómetros cuadrados de bosque nativo. En el 2004 se había reducido a 51 mil, con marcada tendencia a seguir descendiendo.

Además, un reciente programa televisivo mostró de forma explícita que el gobierno provincial vendió 2500 hectáreas de El Impenetrable a la irrisoria suma de $ 1,14 la hectárea. Un total de 2850 pesos. El empresario luego lo revendió a 2,2 millones de pesos. “Ese informe mostró de manera contundente lo que aquí todos sabemos: cómo se negocia con la tierra que corresponde al aborigen y el campesino. Eso sin contar la cantidad de veces que se venden campos con los propios indígenas adentro”, afirma Germán Bournissen, coordinador del Equipo Nacional de la PastoralAborigen (Endepa), organización que trabaja junto a los pueblos originarios.

Además, el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco denuncia tres casos concretos de venta “fuera de la ley”: la empresa inmobiliaria Rumbo Norte adquirió 90 mil hectáreas, El Colona SA 72 mil, y MSU SA otras 60 mil hectáreas. Desde el Foro se pide, con apoyo de los pueblos indígenas, que se conforme una comisión integrada por legisladores, técnicos del Instituto de Colonización (el espacio oficial que se ocupa de las tierras fiscales), delegados de comunidades aborígenes y organizaciones no gubernamentales. Su misión: otorgar títulos a ocupantes históricos, investigar la entrega de tierras de los últimos quince años y hacer un relevamiento de las actuales. En caso de ventas irregulares, solicitará su expropiación. Y, por último, propone que los fallos y conclusiones alcanzados por la comisión sean vinculantes: que el poder político chaqueño acate lo que decida el plural colectivo de sectores. Todos aseguran que los investigadores confirmarán la entrega fraudulenta de tierras y negociados entre altos funcionarios y grandes compañías nacionales y extranjeras.

El gobierno provincial rechaza la conformación de una comisión investigadora con tales atribuciones.