La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, se reunió con los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, a quienes planteó que se exigirá una reconversión de las fábricas contaminantes, en especial las de la zona del Riachuelo. La funcionaria dijo que el Estado apoyará el proceso “con todas las herramientas económicas disponibles”. Para armar el paquete –se descuenta que habrá créditos y exenciones impositivas– se reunió la semana pasada con la titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli, y hará lo propio en los próximos días con el subsecretario de promoción industrial.

“Vamos a acompañar el proceso de reconversión fabril, pero al mismo tiempo a reforzar los controles”, dijo ayer la secretaria a Página/12. En el Riachuelo hay tres mil establecimientos industriales, cuarenta y cuatro de los cuales están en el ojo de la tormenta y deberán dar explicaciones a la Corte Suprema de Justicia en una audiencia pública el 5 de septiembre.

El máximo tribunal ha intimado al Estado a resolver la contaminación del Riachuelo a partir de una denuncia de ciento cuarenta vecinos y damnificados, muchos de ellos habitantes del asentamiento conocido como Villa Inflamable, en Dock Sud.

La UIA fue recibida por Picolotti a pedido de los empresarios, quienes concurrieron a la Secretaría encabezados por su titular, Héctor Méndez, y el vicepresidente, Juan Carlos Sacco. Uno de sus planteos fue que la cuestión ambiental es costosa, y por lo tanto genera desempleo. De todos modos, luego del encuentro, Sacco declaró que trabajarán “en conjunto” con el Gobierno.

Picolotti pidió a la entidad que entregue en quince días un informe sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales en cada rubro, con una propuesta de las medidas a tomar. Medio Ambiente está haciendo, a su vez, un relevamiento propio, ya que debe presentar a la Corte Suprema, el 23 de agosto, un plan de saneamiento. La propuesta está siendo trabajada en conjunto con la gobernación bonaerense y el Ejecutivo porteño.

En el Riachuelo hay, dijo Picolotti, más de veintitrés jurisdicciones involucradas. Por eso la funcionaria pidió que se dicte una declaración de emergencia, que le permita a su área tener la última palabra sobre las acciones a seguir cuando no haya acuerdo entre los diversos actores. De las tres mil empresas instaladas en la cuenca del Matanza-Riachuelo algunas podrán reconvertirse y otras deberán relocalizarse. El diagnóstico que servirá de base al plan de saneamiento, dicen en la Secretaría, estará completo el 23 de agosto, plazo fijado por la Corte para su presentación.