“Lo que hacen estos grupos fundamentalistas es poner sus convicciones religiosas por encima del Código Penal, aprovechando las grietas que dejan abiertas las instituciones.” La mendocina Alejandra Ciriza, doctora en filosofía e integrante del grupo feminista Las Juanas y las Otras, al ser consultada por Página/12, cuestionó también la actitud del gobernador de Mendoza, Julio César Cobos, que luego de una reunión con representantes de los grupos antiabortistas, expresó su punto de vista “en contra de la despenalización del aborto, sin tener en cuenta que en el caso que nos ocupa la autorización para abortar está establecida por el Código Penal”. En igual sentido se manifestó la diputada nacional Marcela Rodríguez, que integra el grupo Género y Justicia del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. “Está repitiéndose lo mismo que sucedió con la chica discapacitada de La Plata porque, otra vez, la Justicia no funciona como debería funcionar”, subrayó Rodríguez.

Alejandra Ciriza criticó a los grupos antiabortistas mendocinos que presentaron el recurso de amparo ante la Justicia. “Ellos están apostando a las fallas de las instituciones, porque no corresponde que el espacio público que abre el artículo 86 del Código Penal esté siendo cerrado por convicciones privadas.” Ciriza consideró que la situación sería distinta “si tuviéramos un sistema democrático que accionara de manera aceitada. Los grupos fundamentalistas abusan de la palabra de la ley y se están colocando por encima de la ley”.

“Ni siquiera tienen en cuenta que se trata de un embarazo de alto riesgo, porque es una chica que está medicada con antifóbicos, lo que puede dar lugar a malformaciones y lo que también pone en riesgo la salud de la madre”, insistió Ciriza. Por su parte, Marcela Rodríguez coincidió en que “otra vez la Justicia está demostrando que no funciona, porque la madre de la chica tiene el derecho, establecido en el Código Penal, de solicitar el aborto y eso no requiere de ninguna autorización judicial”.

“No puede ser que la Justicia haga lugar a un recurso de amparo solicitado por entidades cuyos integrantes no son interesados directos en el problema. No puede ser que los jueces le otorguen una legitimación activa por encima de los derechos de la madre, que es la que está pidiendo que se interrumpa el embarazo porque su hija es discapacitada y está amparada en las excepciones del artículo 86 del Código Penal”, dijo Rodríguez. “Toda esta situación no hace más que acrecentar los miedos que tienen los médicos de intervenir y que no deberían existir, porque la ley los ampara. El recurso planteado por las entidades antiabortistas tendría que haber sido rechazado sin más trámite”, concluyó Rodríguez.