“Los hospitales de la provincia están a disposición de la familia”, aseguró ayer a Página/12 el ministro de Salud mendocino, Armando Caletti, poco después de que el fallo de la Corte provincial allanara el camino a la solicitud de interrupción de embarazo realizado por Ana Gazzoli en representación de su hija. Momentos antes, el propio gobernador Julio Cobos afirmaba en Buenos Aires que el Estado garantizaría la atención de la chica. Pese a todo, la ong ultracatólica Vitam se lanzó en una cruzada de amenazas de juicio ante escribano contra todo médico dispuesto a cumplir con el pedido de intervención quirúrgica. Al cierre de esta edición, pese a que la amenaza de demandas jurídicas no tiene asidero ni posibilidad alguna de prosperar, no aparecía el médico dispuesto. Anoche, el ministro Caletti pedía médicos en una obra social, mientras una cadena de rezos ultramontanos proseguía ininterrumpida ante la puerta del hospital Lagomaggiore. El miedo no respeta la lógica jurídica.

Durante la mañana, Caletti había dado su opinión radial cuando le preguntaron sobre el caso de C. C. A. y su urgente pedido de ayuda a la salud pública. Al momento de la entrevista, la Corte mendocina aún no había dado a conocer su fallo (ver nota principal). “Tengo un sentimiento de bronca, de impotencia”, dijo en ese momento Caletti. Se refería a la suspensión provocada por la orden de no innovar de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza, a pedido de los ultramontanos.

Pero al mediodía, conocido el fallo de la Corte mendocina, la situación dio un giro brusco y discursivo. Brusco, porque se abrieron las puertas a la iniciativa de Ana Gazzoli de lograr la intervención a su hija y la prosecución de la causa penal contra su violador. Discursivo porque hasta el cierre de esta edición toda solución parecía haber quedado paralizada en ese terreno el discursivo.

“Celebramos que el tema haya sido destrabado –señaló Cobos a Página/12 al término del encuentro de la Concertación, en la Capital–. Vamos a poner los hospitales de mi provincia a disposición de lo que la Corte Suprema decidió.” “Con el fallo de la Corte todo vuelve a la situación jurídica previa al pedido de amparo”, aseguró un poco más tarde a este diario el propio Caletti. En las primeras horas de la tarde, el ministro se dedicaba personalmente a monitorear y dirigir los pasos médicos. A saber, disponer un hospital y médicos que no objetaran la intervención por cuestiones de conciencia. “El tema es que estamos viendo cómo garantizamos la prestación en el hospital”, confió el ministro. “Esto debería haberse tratado con mucha más intimidad para la familia. La mediatización del caso metió mucha presión a todos, a los médicos y la familia. Es mentira que tenga 20 semanas como arroja la ong (Vitam). Los estudios que hicimos hoy confirmaron que está en 12 semanas y cuatro días”, agregó Caletti.

Entre tanto, los abogados de la familia peticionante aguardaban un llamado del ministro de Salud para “determinar lugar, hora y profesionales con los que se iba a realizar la intervención”, describió Lucas Lecourt, uno de los representantes legales.

Pero Caletti estaba reunido con su gabinete, removiendo toda posibilidad a su alcance. La pauta de que algo se estaba interponiendo es que por la noche no llegaba ninguna confirmación desde el Lagomaggiore. Y si el lunes pasado existía la certeza de realizar la intervención, un día después y con el fallo de su parte, todo parecía retroceder un milenio.

“Hay que soportar una cadena de oraciones de veinte energúmenos en la puerta todo el tiempo”, confió un médico. Alrededor de las seis de la tarde, parte de los ultramontanos decidió apelar a la justicia celestial. Se lanzaron a una cruzada. Pasaron por la sede del Círculo Médico, con un escribano. “Amenazaron con iniciar demandas penales contra el médico que se atreviera a realizar la intervención –reveló uno de los especialistas–. Dicen que por la mañana van a pasar por la sede de Ampros (el sindicatode los profesionales de la salud).” La movida es sencilla. Tanto como el miedo que provoca.

Aunque ninguna fuente oficial llegó a admitirlo, la presión tuvo su efecto. Caletti debió telefonear a la Obra Social de Empleados Públicos, buscando médicos en las clínicas Fleming y Del Carmen, y aguardaba una respuesta.