“Si las denuncias son muy graves, hay que sacar a los pibes de ahí”, dijo Marisa Graham, directora general de Niñez porteña, al ser consultada por este diario sobre la situación de Apand. La semana pasada se produjo el traspaso a la ciudad de los programas asistenciales y los convenios con ONG que estaban bajo la órbita del Consejo Nacional del Niño, Adolescente y Familia. Entre ellos, el convenio con Apand por la atención a unos sesenta chicos con discapacidad mental. Esta transferencia se hizo en cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Infancia, que derogó el antiguo régimen de Patronato y fue sancionada en octubre de 2005. El Connaf mantendrá bajo su jurisdicción a los institutos de menores que tienen a chicos y adolescentes en conflicto con la ley penal.

“Vamos a analizar si los chicos que están en Apand quedan en Niñez o pasan a depender de Salud o de Discapacidad”, agregó Graham, quien informó que a partir de ahora la ciudad revisará todos los convenios con ONG transferidos desde la Nación “para ver si se adecuan con las políticas porteñas”.