Dos propuestas de 2004: el proyecto de la mayoría y el de la minoría. El primero era la “ley de educación sexual integral”, elaborada por los dos diputados kirchneristas Ana Suppa y Diego Kravetz y la macrista María Polimeni. Esta propuesta establecía que quien regularía el modo de impartir los contenidos sería la ex Secretaría de Educación porteña.

Los chicos recibirían información desde preescolar y durante toda la enseñanza obligatoria, de acuerdo con su momento evolutivo. El proyecto incluía la noción de diversidad sexual y da a los padres espacios de participación. La propuesta veía a la educación sexual como “un instrumento esencial en la prevención de enfermedades y del embarazo adolescentes” y apuntaba a promover “una concepción positiva de la sexualidad”, a través de la transmisión de información. A la orientación sexual la consideraba una variable del “desarrollo psicofísico”.

El otro proyecto, el de la minoría, fue propuesto por el diputado Santiago de Estrada, de Juntos por Buenos Aires. Este consideraba que la educación sexual debía comenzar en séptimo grado de la primaria. Los contenidos tenían que “adecuarse a cada contexto” y la capacitación de los docentes sería “acorde a las convicciones y valores de sus destinatarios”. Así, cada escuela podía decidir, junto a los padres, la educación sexual que recibirían sus hijos.

Los contenidos debían “contemplar y respetar la diversidad cultural y las creencias religiosas de la familia”. Para que los padres también aprendieran, en las escuelas se desarrollaría un “Programa de Educación Sexual”, con un mínimo de dos jornadas anuales, que serían dictadas por un equipo de profesionales en el área designados por la máxima autoridad del establecimiento.