Cualquier abecé de la acción política sugeriría que los vecinos de Gualeguaychú deberían seguir el camino propuesto por Romina Picolotti, por el gobernador Jorge Busti y por sus propios abogados, que litigan en La Haya. Sostener los recursos legales, mantenerse en vigilia pero no reanudar las medidas de acción directa. Otro fue el rumbo elegido por la asamblea ciudadana, seguramente tributando más a la bronca o su lógica gregaria que a un cálculo racional de costos y beneficios. Los cortes, tolerados en la praxis política local, están desacreditados en la arena internacional. Las medidas difícilmente desalienten a la empresa finlandesa Botnia, que tiene un leading case en sus manos. Y las, de por sí exiguas, hipótesis de negociación con Uruguay pierden toda viabilidad.

Seguramente la intención básica de los que votaron en mayoría, según refiere la crónica respectiva (ver nota central), no fue mejorar las chances en los estrados internacionales, ni interpelar a los finlandeses o a los uruguayos. El primer destinatario de los inminentes cortes es el gobierno argentino, con el que muchos asambleístas se declararon disconformes, por decirlo delicadamente.

Se trata de una lectura bien subjetiva. En verdad, mucho ha hecho la administración Kirchner en seguimiento de las demandas de los entrerrianos, si se compara lo obrado con la praxis de casi cualquier otro gobierno de la Tierra o de otros gobiernos argentinos. Pocos movimientos sociales de la historia local o del mundo han logrado en escaso tiempo con recursos pacíficos e indoloros (aunque chocantes a las costumbres internacionales) tanta atención de un gobierno.

Dos cancilleres asistieron a la propia ciudad a empaparse de los reclamos y dar explicaciones. Una emergente del movimiento social, en cuestión de meses, fue nombrada Secretaria de Medio Ambiente de la nación, sin graves condicionamientos y con gran ampliación de las facultades de su repartición. El Estado llevó el entredicho a los mencionados tribunales de La Haya, por primera vez en la historia nacional. La relación con el Uruguay se ha resentido severamente por el contencioso.

Además el Gobierno, de modo bastante confeso, se dedicó a procurar la “asfixia financiera” de las pasteras y se valió de su excelente relación con la administración Rodríguez Zapatero para incidir en la relocalización que finalmente resolvió Ence.

La política oficial partía de cuatro supuestos: a) los vecinos, básicamente, tienen razón; b) Uruguay ha obturado los canales de negociación; c) una presión en varios escenarios, por vías pacíficas, podía conseguir cambiar el cuadro; d) el activismo del Gobierno podía contener y encauzar la bronca de Gualeguaychú disuadiendo a los vecinos de apelar a las vías de hecho.

Los asambleístas expresaron con su voto que desconfían del compromiso del Gobierno, que tal vez miden a través del prisma de los resultados. Quizá no se percatan de que es el suyo un caso complejo, donde juegan intereses muy vastos y no es suficiente la voluntad para acceder a resultados satisfactorios en plazos exiguos. O tal vez la suya no sea una reacción emocional y exista un reflejo condicionado hijo de su experiencia: cuando hay presión, el Gobierno, en vez de desampararlos, redobla sus esfuerzos. En este estadio del conflicto, suena como un razonamiento demasiado de máxima: al Gobierno no le quedan más barajas pacíficas para redoblar los reclamos.

El tiempo dirá, pero la primera percepción es que una estrategia conjunta ha entrado en crisis sin que emerja otra superadora. Algo bastante parecido a querer cambiar de caballo a mitad del río sin tener otro para sustituirlo.