“El tema en cuestión afecta personalmente mis convicciones para un correcto ejercicio del ministerio que por ley represento, habida cuenta que se me entrecruzan delicados sentimientos subjetivos con la obligación que legalmente me ha sido impuesta, esto es, un cabal respeto al derecho de defensa de quienes me han confiado tamaña misión.” Con estas palabras, la defensora oficial Silvia Otero Rella se negó a representar al represor Carlos Guillermo Suárez Mason en la causa en la que se investiga la desaparición de militantes montoneros secuestrados entre fines de 1979 y principios de 1980. En un escrito presentado ante el juez federal Claudio Bonadío, la defensora explicó que durante la última dictadura fue privada de su libertad y que padeció “múltiples persecuciones personales”. “Debí exiliarme en la República de Paraguay durante el lapso de tres años con el consiguiente desarraigo, a lo que debe agregarse las penurias económicas sufridas por tal motivo.” Otero Rella agregó que “en el caso a examen recae sobre mi persona una situación de violencia moral, extremo éste que me resta entereza a la hora de ejercer la defensa en la causa del epígrafe, más teniendo en cuenta los hechos sujetos a investigación, lo que me inhibe de intervenir en el presente proceso”. Para apartarse de la defensa de Suárez Mason –de la que se hizo cargo su compañero Horacio Michero–, Otero Rella acudió al artículo 30 del Código procesal Cívil y Comercial, que también se tomó en cuenta para casos penales. La defensora justificó también el pedido de apartamiento de la causa en el hecho de que esto “aventa cualquier tipo de cuestionamiento relativo a la actividad del Ministerio Público de la Defensa, preservando de tal manera su imagen inobjetable tanto frente a los justiciables como a la opinión pública”.