Oscar Bargas está en Washington desde el lunes pasado. Durante estos días se entrevistó con las máximas autoridades de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial de quien depende la decisión de otorgar el crédito a la papelera Botnia que levanta su planta en Uruguay. Bargas viajó en representación de los asambleístas de Gualeguaychú para llevar adelante lo que para algunos es casi un milagro: la tarea de detener el crédito.

Página/12 lo entrevistó ayer a las 19.30, hora de Washington, cuando terminaba una durísima reunión de más de tres horas con dos ejecutivos del CFI. Con Bargas, estuvo una ambientalista uruguaya y Daniel Taillant del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), esposo de la secretaria de Medio Ambiente de Nación, Romina Picolotti, quien estuvo la semana pasada dando vueltas por las mismas oficinas y con propósitos parecidos. A esa altura, Bargas y el resto sabían que el Banco Mundial había decidido suspender hasta el martes próximo el otorgamiento del crédito.

–¿Cómo les fue?

–Tuvimos una reunión larga y estaba el personal máximo del staff del CFI. Les dejamos planteado a ellos, claramente, la postura de nuestra comunidad que pretende relocalizar las plantas. Pero ellos siguieron duros con la misma postura que tienen hasta ahora.

–¿Qué les dijeron?

–Nos ofrecen una ventana de diálogo. Dicen que no saben por qué hasta ahora no se dio y nadie la propuso. Ellos dicen que gracias a todo esto que está pasando con nosotros y al incremento de las demandas se pusieron a estudiar más el tema de las fábricas de pastas y a pensar alternativas compatibles con el turismo, porque los efectos que tiene un proyecto así se da tanto de uno como de otro lado. Además, estaban interesados en lo que hacía el rey de España que estuvo por acá.

–¿En qué sentido?

–Lo otro que quedó planteado en la reunión es que si ellos el martes aprueban finalmente el crédito se compran un conflicto social; nosotros les dijimos que de esa manera le van a echar leña a la demanda que todavía hay pendiente por la violación al Tratado del Río Uruguay. Esa demanda todavía está en manos de la Corte de La Haya y tiene que estudiar una resolución; ellos no pueden estar dando un crédito sin que lo primero se resuelva.

–¿Cuál fue la respuesta de los ejecutivos?

–Ellos en todo momento se mostraron atentos. E incluso nos dijeron que el compromiso de diálogo que tienen es tan alto que aunque el martes se vote afirmativamente por los créditos, los dos técnicos que estuvieron con nosotros están dispuestos a viajar a Gualeguaychú para explicarlo personalmente a la gente.

–¿Cuál sería el sentido? ¿Suponen que la gente así lo va a aceptar?

–Ellos quieren buscar una solución porque ven que el problema social es muy grande. Y quieren apoyar a futuro el turismo de Gualeguaychú y de Fray Bentos y vienen para que veamos que una y otra cosa son compatibles.

–¿Lo dicen en serio?

–Es un disparate, pero lo repito tal como lo dijeron ellos. Por eso digo que la reunión fue durísima, la más dura y más larga que tuvimos desde que estamos acá. Fue como un puchinbal. Pero nosotros dejamos claro y sentado que para gran parte de Gualeguaychú y del Uruguay es más negocio el turismo, que esto. Ellos asumen que hubo falta de información, pero quieren abrir una ventana.

–¿Qué lectura hicieron ustedes sobre la cancelación del crédito?

–Nos dijeron que se suspendió porque querían empaparse más de lo que son las licencias sociales porque dicen que para ellos es un tema nuevo y que nadie se los “circularizó”. Hay otros que según nos dicen, ahora no pueden dormir porque al final, este proyecto no sirve para la gente y están trabajando al cohete.

–¿No es extraño que otorguen créditos sin conocer los efectos?

–Para mí se hacen los tontos. Yo creo que no ganamos nada, pero los dejamos preocupados y a lo mejor no se vota el martes. Tratamos de que ellos entiendan de que con el crédito se compran un conflicto.

Y por si acaso, Bargas levantó el maletín pesado con el que había entrado a la reunión. Adentro llevaba 1200 hojas de oficio con las 40 mil firmas de adhesión al reclamo de la asamblea. “Oh”, dicen que dijo uno de los ejecutivos. “¡Es casi la mitad de la población que no lo quiere!”