La Cámara de Diputados tratará la semana próxima otro tema urticante para la Iglesia Católica: un proyecto de ley que obliga a los hospitales públicos de todo el país a entregar en forma gratuita anticonceptivos de emergencia, conocidos como la píldora del día después. Además, establece que todos los servicios de salud sexual y reproductiva, tanto del ámbito público como privado, deberán brindar información, implementar programas de difusión y brindar asesoramiento sobre el uso de este método recomendado para los casos en que se tuvo una relación sexual sin protección (por ejemplo, en casos de violación), cuando se rompió un preservativo, se salió de lugar un DIU o la mujer se olvidó de tomar un anticonceptivo oral.

La Iglesia Católica está en contra de su uso porque considera que es un método abortivo. En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de los cinco ministros de la denominada “mayoría automática” menemista, prohibió su venta en el país, a partir de una presentación hecha por una entidad vinculada al clero. Pero la prohibición no tuvo ningún alcance porque el tribunal se refirió a una marca que ya no se comercializaba en el mercado.

Actualmente, algunas jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires y Mendoza incluyen en sus programas de salud reproductiva la entrega gratuita de este método. Pero en la mayoría de las provincias no se distribuye en los hospitales públicos ni se aconseja sobre su uso a las mujeres.

El tratamiento de este proyecto estaba previsto en la sesión del miércoles, pero por falta de tiempo se pasó para la próxima sesión. Se trata de una iniciativa de la diputada radical Alicia Tate (Santa Fe). En los fundamentos, Tate menciona un informe de la Organización Mundial de la Salud que descarta que tenga carácter abortivo. “Es más –sostiene–, los expertos creen que no hay daño para la mujer embarazada o para el feto si se usan píldoras anticonceptivas de emergencia inadvertidamente durante las primeras semanas de embarazo.”