Diego Estévez no es un abogado especializado en derecho penal, es un experto en derecho civil. Fue candidato a senador de la UCeDé y, junto a su hija María Julia y su hermano Alvaro, comparte un estudio jurídico en Río Cuarto. Allí concurren clientes de buen nivel económico. Llegó a la causa de Río Tercero luego de que, a principios de 2005, su amigo, el juez federal de Río Cuarto Luis Martínez se apartara del caso porque el técnico de la fábrica militar, Omar Gavilio, amenazó con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. Martínez buscó la lista de abogados habilitados para ser conjueces de la causa y llamó a concurso. Los dos primeros sorteados rechazaron el cargo pero Estévez aceptó el desafío. Poco después, Martínez fue nombrado miembro subrogante de la Cámara Federal de Córdoba y al tiempo se jubiló. Entonces, la abogada Clara Curtido fue nombrada a cargo del juzgado de Río Cuarto y asumió todas las causas que llevaban conjueces, excepto la de Río Tercero. La forma en que Estévez fue nombrado fue denunciada el martes ante el Consejo de la Magistratura por el abogado Horacio Viqueira quien, junto a Ana Gritti –viuda de uno de los muertos– y Ricardo Monner Sans, integra el equipo de la querella. La causa que investiga la explosión de la fábrica militar, caratulada como estrago doloso, prescribirá el 3 de diciembre de 2007.